El jueves pasado, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, ordenó 11 allanamientos simultáneos, 10 en el norte provincial que se realizaron sin inconvenientes y uno en la localidad correntina de Esquina, que se demoró una hora y media. El retraso motivó una investigación contra el jefe de la Prefectura Naval Argentina (PNA) de esa localidad, Jorge Daniel Benítez, para determinar si desobedeció una orden judicial. El uniformado no se negó a realizar la medida pero pidió que un juez de su provincia la autorice.

A fines de 2016, una situación similar terminó en un escándalo institucional en la localidad de Goya, cuando un jefe antinarcóticos santafesino pasó seis horas demorado en un allanamiento que las autoridades de Corrientes no avalaron, incluido el propio gobernador Ricardo Colombi quien se acercó al lugar y criticó con dureza a la Policía santafesina.

Operación Esquina es el nombre de la investigación que lleva adelante el juez federal Alurralde, hace más de un año. El jueves pasado, el magistrado ordenó 11 allanamientos para dar con una banda de narcomenudeo que según su hipótesis enviaba marihuana y cocaína por el río desde el sur de Corrientes (por la localidad de la Esquina) hasta Romang (una ciudad ubicada en noreste de Santa Fe) y utilizaba las islas del río Paraná para almacenar la droga.

Diez de los allanamientos se realizaron del lado santafesino con un resultado de siete detenidos y un prófugo, según el propio magistrado. Los apresados fueron indagados el lunes pasado y quedaron detenidos. En tanto, el allanamiento ordenado en la ciudad de la Esquina dio resultados negativos. Sin embargo, el magistrado resaltó que la medida se demoró porque el prefecto dilató su colaboración hasta tener un permiso de un juez federal de Corrientes. Ahora, Alurralde investiga si la demora de una hora y media que provocó la diligencia fue una desobediencia judicial o se debió a otra cosa.

“Tenía la obligación de colaborar con el personal de la Policía de Santa Fe que viajó a Corrientes. Y si tienen dudas de la firma o del algo pueden comunicarse y corroborarlo. En la era de las comunicaciones eso se puede hacer inmediatamente”, resaltó el juez de Reconquista quien aclaró que no hay detenidos ni imputados, solo una pesquisa para saber si hubo negligencia administrativa, falta de coordinación o connivencia.

El mismo juez Alurralde es quien intervino en un escandaloso conflicto político que desató un allanamiento ordenado por Santa Fe en tierras correntinas los últimos días de 2016.

Fuente: Elciudadanoweb.com