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Ni una menos por aborto clandestino

— Lucila Puyol

LUNES 04 DE JUNIO DE 2018

El aborto es una cuestión de salud pública, de justicia social y derechos humanos.

La razón fundamental por la cual el aborto debe ser legalizado es por el respeto al derecho a decidir de toda mujer y cuerpos gestantes: si continúa o no con un embarazo. 

Es una decisión autónoma e independiente que le corresponde únicamente a la mujer, porque se trata de su propio cuerpo, y que por tanto debe ser tomada sin ninguna coacción, ni presión de orden jurídico, moral, religioso, policial, sanitario o familiar. El único criterio válido para resolver la interrupción de un embarazo debe ser el que cada mujer decida por y para sí misma. 

Se estima según los únicos registros disponibles, que fueron 3030 mujeres que murieron a causa de la clandestinidad del aborto desde 1983 a 2015, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. A partir de 2016, dicho Ministerio reportó que no cuenta con información disponible por este motivo, se desconoce la cantidad de mujeres y tasa de hospitalización por complicaciones por aborto en los centros de salud de las provincias a la fecha.

Cada año se producen entre 460.000 y 600.000 interrupciones voluntarias del embarazo en nuestro país. Casi un aborto por cada nacimiento registrado en la Argentina, cada historia es única, pero todas y cada una de ellas con una marca común que es el miedo que acarrea la ilegalidad, la soledad, el silencio, el maltrato, el dolor físico. Todo esto a menudo nos deja con secuelas gravísimas en nuestra vida, nuestra salud y muchas veces nos mata. 

Sabemos que las organizaciones y personas anti derechos se amparan en la objeción de conciencia. En nuestra provincia, de los 400 profesionales que integran el Registro de Objetores, el 61% no pudo justificar las razones que les llevaron a tomar la decisión de objetar y no acompañar a las personas gestantes. 

La objeción de conciencia es un dispositivo patriarcal que tiene efectos devastadores en la salud y en la vida de las mujeres, restringiendo y lesionando el acceso y goce de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Es también funcional al negocio millonario que gira en torno a los abortos clandestinos.

Es la negación de les trabajadores de los servicios de ginecología y obstetricia de hospitales y centros de salud –muchos controlados por la Iglesia- a practicar una Interrupción Legal del Embarazo, basado en sus creencias morales y religiosas y no en fundamentos jurídicos.

Los Hospitales Cullen e Iturraspe, de alta complejidad, que deberían ser los responsables de la atención de las situaciones que llegan con más de 12 semanas de gestación, son precisamente aquellos donde se encuentran los mayores obstáculos, dado que el personal incumple con la atención de los abortos legales: para salvar la vida o la salud de la mujer y en casos de violación (Artículo 86 inc. 1° y 2° del Código Penal de la Nación).

Fue en el hospital Iturraspe donde, desde el saber androcéntrico y misógino, la corporación médica decidió por Ana María Acevedo, lo que determinó su muerte tras meses de sufrimiento. Y lo hicieron con total impunidad. Aún hoy gozan de esa impunidad mientras Norma Cuevas, su madre, sigue exigiendo justicia. Lo hemos gritado muchas veces, a las Ana María las mata la suma de todos los fundamentalismos, que nos oprimen, castigan y pretenden disciplinarnos. 

La lucha contra la objeción de conciencia da cuenta de la necesidad histórica de la separación de la Iglesia con el Estado, que supone no solo dejar de financiar una institución corrupta y mantener a curas abusadores y pedófilos, sino también terminar con la injerencia religiosa en la educación y en la salud, pilares fundamentales de las reivindicaciones del movimiento de mujeres.  

Decimos que el aborto es una cuestión de justicia social porque aunque es clandestino para todas, son las mujeres pobres las que mueren; las mujeres de sectores medios y altos cuentan con los recursos económicos y simbólicos para acceder a un aborto seguro.

Decimos que es una cuestión de derechos humanos porque Argentina, como país signatario de Pactos y Convenciones de DDHH y sus protocolos facultativos, está obligada a garantizar los derechos de las mujeres: el Comité de DDHH, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem Do Pará, el Comité de la CEDAW y el Comité de la Convención de los Derechos del Niño, todos recomiendan a nuestro país despenalizar el aborto.

Estamos a pocos días que se defina en la Cámara de Diputados y Diputadas si el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es aprobado. Estamos convencidas que vamos a conquistar este derecho negado por el patriarcado e instalado por nosotras en las calles.

El Congreso debe despenalizar el aborto, porque la penalización es incompatible con la Constitución Nacional, con los tratados internacionales y por el Principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos y se debe legalizar por el principio de igualdad ante la ley.

(Párrafo correspondiente al documento Ni una menos Santa Fe)

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