La Argentina estableció un esquema legal e institucional democrático caracterizado por el control político civil, la separación entre seguridad interna y defensa y la prohibición de que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos políticos internos. Este esquema se basa en tres leyes (de Defensa Nacional de 1988, de Seguridad Interior de 1991 y de Inteligencia Nacional de 2001) y el decreto reglamentario 727/06, sancionados y reglamentados durante presidencias distintas, que conforman el acuerdo interpartidario más importante conseguido en democracia. 

La Argentina establece que el rol principal de las Fuerzas Armadas es la defensa contra agresiones externas de otros estados, principio que la distingue en la región.

En los últimos tiempos, tomó estado público la intención del gobierno de aprobar un nuevo decreto reglamentario de la Ley de Defensa, en remplazo del sancionado en 2006 (727/06), que permitiría la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interna y para responder a amenazas externas aun cuando no sean realizadas por un Estado, como ocurre en el caso del terrorismo.

La posible derogación del decreto 727 se produce en el marco de una política de defensa que busca profundizar su alineamiento con el paradigma de las “nuevas amenazas” y la “lucha contra el terrorismo”. En el contexto argentino, y sin un debate público sobre las misiones de las Fuerzas Armadas y el presupuesto adecuado para cumplirlas, esto solo conducirá a una mayor asignación de tareas de seguridad interna y a un evidente proceso de “policialización” de los militares, algo que comprometería aún más lo que queda de la defensa nacional. 

Todos los ejemplos de los países latinoamericanos que han optado por esta reasignación de misiones han fracasado en cumplir con su objetivo y han sumado numerosas denuncias por abusos a los derechos humanos. Es fundamental que el sistema político reafirme su compromiso con el principio de demarcación, el control civil de las Fuerzas Armadas y la definición de políticas de defensa y seguridad que privilegien la reducción de la violencia y fortalezcan la institucionalidad democrática.

Por Carlos Acuña y otros

Grupo Convergencia XXI
Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia- ILSED
Centro de Estudios Legales y Sociales- CELS