El secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, encabezó este martes la firma de un convenio con los Colegios de Martilleros y corredores públicos de la provincia para avanzar en la subasta de vehículos decomisados en la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), inaugurada oficialmente la semana pasada en Alvear.

En ese marco, Figueroa Escauriza manifestó que “el primer lote de automotores sale a remate en septiembre y se busca garantizar que los inéditos procedimientos estén dotados de pautas de seguridad y transparencia”.

Los vehículos decomisados por la justicia penal en el marco de delitos provinciales se encuentran cautelados en los dos depósitos con los que cuenta la Aprad, en Alvear y Santo Tomé, donde se conservan en buen estado. “Se trata de bienes provenientes de ilícitos que serán exhibidos previamente para que todas las personas interesadas conozcan sus características y puedan adquirirlos”, explicó Figueroa Escauriza.

“Las subastas se realizarán en lugares a designar oportunamente. Los autos, algunos de alta gama, tendrán nueva patente, documentación y tarjeta verde. Lo más significativo es que lo recaudado será devuelto a la sociedad en materia de salud, educación, cultura e investigación, en lo que no sólo constituye una política pública de vanguardia a nivel nacional sino sobre todo una medida de reparación frente al daño sufrido”, detalló el funcionario e hizo hincapié en que “se establecen mecanismos de transparencia en cuanto a la venta de los efectos de modo que todos los involucrados tengan claridad y seguridad a la hora de la operatoria”.

Presentes

De la firma del convenio, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la capital provincial, también participaron el titular de la Aprad, Hernán Matich; y las autoridades del Colegio de Martilleros de Santa Fe -su presidente Ramón Moreira y el secretario Pedro Busico- y de Rosario -su presidente Ignacio Losada y la secretaria Miriam Seery.

Sobre la pared

Este nuevo organismo, creado por la ley Nº 13.579 por iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que funciona bajo su órbita, dispone de los objetos secuestrados por la justicia en el marco de investigaciones penales y gestiona que pasen a la esfera estatal vía subasta o reutilización.

El objetivo de este cambio en el sistema es afectar el poder económico de las bandas delictivas y darles a los bienes adquiridos ilícitamente un destino público, es decir que servirán a los fines sociales en dependencias oficiales o en organizaciones civiles.

La ley fue reglamentada por el Poder Ejecutivo en febrero pasado y en este breve tiempo los depósitos de la Aprad ya alojan y custodian autos, computadoras, televisores y celulares, entre otros bienes muebles. Estos les son derivados por orden judicial desde las cinco regiones de la provincia. Los magistrados determinan si los objetos secuestrados tienen utilidad probatoria, en caso contrario la flamante agencia se encarga de todo lo relativo a su conservación y restitución a la sociedad.