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Echaron a una empleada del Ministerio de Seguridad por la agresión en la plaza 25 de Mayo

El Gobierno de la provincia rescindió el contrato de una mujer que prestaba servicios Dirección Provincial de Atención a las Víctimas, dependiente del Ministerio de Seguridad. El subsecretario de Derechos Humanos Publio Molinas la identificó entre las personas que atacaron a un grupo de jóvenes que se manifestaban a favor de la ley de despenalización del aborto, el pasado martes 7 de agosto. También pidió sanciones para una docente por el mismo hecho.
MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO DE 2018

El Gobierno de la provincia le rescindió el contrato a una empleada del Ministerio de Seguridad de Santa Fe acusada de haber participado del ataque contra un grupo de jóvenes que se manifestaban a favor del proyecto de legalización del aborto en la plaza 25 de Mayo de la capital provincial, el pasado martes 7 de agosto.

Luego de identificarla como partícipe de los incidentes y de integrar la polémica agrupación neonazi Bandera Vecinal, a través del decreto 2247 que lleva la firma de Miguel Lifschitz, la administración provincial decidió terminar el vínculo laboral. El mencionado decreto revelado por el periodista Maximiliano Ahumada ordena "prescindir de los servicios de Silvia Marcela Quiñonez por razones de oportunidad, mérito y conveniencia".

Molinas también fue crítico con los efectivos policiales que estaban en el lugar y que no actuaron frente a las agreciones. "Hubo una omisión del rol de funcionario que debe tener la policía“, sostuvo el funcionario provincial.


En cuanto a Quiñónez, se conoció que trabajaba en la órbita de la Dirección Provincial de Atención a las Víctimas en el Ministerio de Seguridad y su contrato había sido renovado en julio por doce meses, aunque ahora fue discontinuado.

Además, el subsecretario de Derechos Humanos solicitó al Ministerio de Educación que aplique sanciones a la docente de la escuela San Francisco Isabel Ormaechea a raíz de la denuncia penal que pesa en su contra donde se la acusa de atacar por la espalda a una joven y arrastrarla del pelo.

En el caso de Isabel Ormaechea, quien trabaja en la Escuela San Francisco, Molinas también pidió que el Ministerio de Educación aplique sanciones disciplinarias luego de la denuncia penal en su contra por atacar por la espalda y arrastrar del pelo a una joven. Por el momento, la cartera decidió separar a la docente hasta que se avance con el sumario de rigor.

"Les comenté la acción de la Secretaría de Derechos Humanos y el apoyo del gobernador y del ministro de Gobierno fue inmediato para que siguiera trabajando en la causa. Están de acuerdo con todos los pedidos que hicimos, con separar a Quiñonez del Ministerio de Seguridad y con el corrimiento de la docente del aula", concluyó Molinas.

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