La cámara de diputados votó nuevas alícuotas que llegan al 2,5 % de ingresos brutos, para aquellas empresas acopiadoras y comercializadoras de cereales y agroquímicos.

 Además, determinó un aumento del 300 % del impuesto inmobiliario para estas firmas y para bancos y financieras, determinando que los nuevos fondos obtenidos serán coparticipados con municipios y comunas para atemperar la baja en la recaudación impositiva y la desaparición del fondo nacional sojero.

 Además, para compensar en parte la quita de subsidios nacionales, determinó fortalecer el Fondo Compensador del Transporte, que pasará a ser conformado por el 10 % del total de lo recaudado en Santa Fe por el Impuesto a los Sellos, mientras que en la actualidad lo constituía el 5 %.

 Todos los cambios deberán ser rubricados por el Senado santafesino para cobrar vigencia de ley.

 El diputado justicialista Luis Rubeo, creador de la ley del Fondo del Transporte, dijo que se trataba de imponer mayor equidad en la distribución de la recaudación, mientras que el socialista Rubén Galassi señaló que sólo 18 grandes empresas del rubro cerealero, que han obtenido ganancias extraordinarias con la reciente devaluación, verán aumentado sus gravámenes.

Reglamento de sanciones para fiscales y defensores

La cámara baja aprobó el reglamento sancionatorio para fiscales y defensores, que estará a cargo de la comisión de acuerdos legislativos, llevando certezas sobre el mecanismo punitivo del andamiaje judicial santafesino.

 Desde noviembre pasado, el poder legislativo resolvió sacar del ámbito original la potestad de sancionar a fiscales y defensores, abriendo una polémica después de las investigaciones contra los fiscales Martí y Apullán.

 Sin embargo, desde ese entonces restaba avanzar en un mecanismo de funcionamiento para el análisis y las sanciones contra fiscales y defensores.

 Ayer, la cámara de diputados dispuso que las denuncias sean de carácter leves, que serán resueltas por la esfera del Fiscal o Defensor Regional, las graves que serán analizadas por un tribunal disciplinario y las graves institucionales o dolosas, que tratará la comisión de acuerdos parlamentarios.