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Trump no descarta ahora una intervención militar en Venezuela

El presidente aseguró que el país caribeño es "un desastre muy peligroso" y la gente está sufriendo. Dentro de las opciones estaría enviar tropas.

Internacionales
SÁBADO 12 DE AGOSTO DE 2017

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio ayer un paso más en la presión que está ejerciendo sobre Nicolás Maduro y aseguró que no descarta la opción militar ante la situación que vive Venezuela. "No voy a descartar la opción militar", manifestó ante la prensa en Nueva Jersey, donde está pasando sus vacaciones de verano. "Tenemos muchas opciones para Venezuela. Es nuestro vecino. Tenemos tropas en todo el mundo, en lugares que están muy muy lejos. Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesaria", insistió. En sus declaraciones ante la prensa lo acompañaban el secretario de Estado, Rex Tillerson, y la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, con quienes mantuvo una reunión sobre el tema. "Venezuela es un desastre, es un desastre muy peligroso y una situación muy triste", agregó Trump.

Dentro de "las diversas opciones" que barajan, Trump remarcó que enviar a uniformados es una posibilidad si "la situación continúa deteriorándose y se convierte en un desastre".

Primero, Corea

Las palabras de Trump llegan en medio de su escalada retórica con Corea del Norte, que ha tomado tintes de amenaza de conflicto armado, y a pocas horas de que su vicepresidente, Mike Pence, inicie mañana su primera gira por América latina, que lo llevará a Colombia, Argentina, Chile y Panamá.Venezuela se perfilaba ya como el gran tema regional del vicepresidente en su viaje y ahora habrá que ver cómo reaccionan los mandatarios de esos cuatro países a las declaraciones de Trump, 28 años después de la última invasión militar de Estados Unidos en América latina. Fue la llamada Operación Causa Justa, en 1989, con la que se expulsó al dictador panameño Manuel Noriega.

La administración estadounidense ha ido incrementando la presión sobre Maduro en las últimas semanas, pero sobre todo desde la elección de la Asamblea Constituyente, imponiendo más sanciones a funcionarios del gobierno, que han incluido al propio presidente venezolano. Pero hasta ayer, ningún representante de la administración había hablado en público de una opción militar, siempre se habían circunscrito a opciones políticas y económicas, también las fuentes de la administración que hablan regularmente con periodistas bajo condición de anonimato.

La línea roja para Estados Unidos ha sido la elección de la Asamblea Constituyente, el pasado 30 de julio. La instalación de ese órgano plenipotenciario también generó la reacción de 17 países de América, que el martes emitieron una fuerte una condena en Lima sobre la crisis en Venezuela y dijeron que desconocerán los actos que emanen de la Constituyente. Tras la imposición de sanciones del Departamento del Tesoro esta semana a ocho personas relacionadas con la Constituyente, entre ellos el hermano mayor del fallecido presidente Hugo Chávez, la gran pregunta seguía siendo si Estados Unidos iba a llegar a imponer un embargo petrolero a Venezuela o algún otro tipo de sanciones relacionadas con el crudo. "Todas las opciones están sobre la mesa", dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin, la semana pasada, refiriéndose a esas opciones de sanciones económicas.

Presión

Las sanciones económicas se contemplan en ese escenario como un elemento de presión más sobre Maduro, a quien Estados Unidos sí ha dicho que querría ver fuera. "Estamos evaluando todas nuestras opciones políticas para ver cómo podemos crear un cambio de condiciones en el que o bien Maduro decide que no tiene futuro y quiere irse por su propia voluntad o cómo podemos devolver los procesos de gobierno a su Constitución", manifestó Tillerson el 1º de agosto tras el nuevo arresto del dirigente Leopoldo López.

El propio Trump, en sus amenazas a Maduro, siempre se había mantenido en el plano económico. "Estados Unidos no se quedará quieto viendo cómo Venezuela se desmorona", había manifestado el 17 de julio a través de un comunicado de la Casa Blanca. "Si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará acciones económicas fuertes y rápidas", añadió.

Perú expulsa al embajador chavista y sube la tensión

Perú expulsó ayer al embajador venezolano en Lima, Diego Molero, a quien le dio cinco días para dejar el país. Perú, que bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski es uno de los países latinoamericanos más críticos con el gobierno de Nicolás Maduro, anunció la decisión tras rechazar una protesta enviada por Caracas. El hecho deriva de la iniciativa de Kuczynski de reunir en Lima a 17 países americanos el martes para condenar los hechos en Venezuela y anunciar el total desconocimiento de la Asamblea Constituyente. En esa reunión,Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú,Santa Lucía y Uruguay expresaron "su rechazo a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales" en el país caribeño. Venezuela, que calificó a la reunión como una componenda del imperialismo estadounidense a través de gobiernos "títeres", expresó su malestar en una carta que el canciller Jorge Arreaza calificó como "una protesta firme y contundente" de su gobierno contra "una reunión que agredió la sagrada soberanía de Venezuela".

Maduro propuso penas de hasta 25 años de cárcel para los manifestantes

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela ratificó al presidente Nicolás Maduro en su cargo, después de que éste declarara que el Ejecutivo está "subordinado"al órgano que asumió poderes plenipotenciarios, y el mandatario, a su vez, le propuso al cuerpo sancionar una ley para castigar a quien "salga a la calle a expresar intolerancia y odio" con hasta 25 años de cárcel, mientras la oposición hará hoy nuevas marchas para repudiar la detención de alcaldes.

   La permanencia de Maduro en el ejercicio como jefe de Estado constituye "un soporte fundamental para la implementación de las medidas que adopte la Constituyente y una garantía para que el actual proceso democrático de transformación prosiga con éxito", explicó el primer vice de la ANC, Aristóbulo Istúriz. Según la Constituyente, Maduro ha cumplido con "todos sus deberes constitucionales, atendiendo al mandato dado en elecciones libres, universales, directas y secretos, trabajando decididamente por las garantías y respeto de los derechos humanos, la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo, y la soberanía y autodeterminación de Venezuela". El jueves, ante ese cuerpo, Maduro entregó un proyecto de ley que busca castigar a quien "salga a la calle a expresar intolerancia y odio" con hasta 25 años de cárcel.

   Más allá de la complejidad que puede implicar para la justicia probar la intención de expresar "intolerancia y odio" en quienes manifiesten en las calles, el anuncio de la iniciativa casi coincide con las nuevas protestas a las que llamó para mañana parte de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). La marcha —que unirá dos columnas que partirán de distintos puntos de Caracas— será para repudiar la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de remover de sus cargos y condenar a 12 alcaldes, todos opositores, por desacato.

Argentina retira condecoración

Mientras tanto, el presidente Mauricio Macri concretó ayer el anunciado retiro de la Orden del Libertador San Martín, máxima distinción que entrega el país, a su par de Venezuela. La medida se hizo efectiva mediante la publicación en el Boletín Oficial de un decreto que llevó las firmas de Macri y del canciller Jorge Faurie. A través de la norma, se aprobó el acta del Consejo de la Orden del Libertador San Martín firmada el 2 de agosto pasado, a través de la que se canceló el derecho de Maduro a usar el collar de esa condecoración por "actos incompatibles con la dignidad de la Orden".

   El Collar de la Orden del Libertador San Martín a Maduro le había sido otorgado en 2013 por la entonces presidenta Cristina de Kirchner.

Fuente: La Capital



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