Unos 20 efectivos de la División Antidrogas de la Policía Federal, delegación Rosario, realizaron ayer un allanamiento en la ciudad de San Jorge y detuvieron a un empresario investigado por su vinculación al proceso judicial conocido como la causa de los Cuadernos de las coimas.

La investigación que lleva adelante el magistrado Claudio Bonadio, caratulada como "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/asociación ilícita", extendió su alcance al departamento San Martín porque el empresario sanjorgense Pablo M. Raies, de 40 años, al parecer fue relacionado con la pesquisa al ser mencionado por el ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, cuando declaró recientemente como arrepentido.

El procedimiento policial se registró en una vivienda ubicada en Pueyrredón al 1600 (barrio Zugla), donde reside el empresario que aparentemente fue involucrado en la investigación por maniobras de lavado de dinero. Al allanamiento realizado en territorio santafesino se sumaron nueve operativos ordenados en la Capital Federal y el sur del país (ver aparte).

La familia materna de Raies es oriunda de San Jorge, donde residieron hasta fines de la década del 90. Movilizados por la necesidad económica emigraron a Río Gallegos (Santa Cruz), donde, según trascendidos, la familia habría trabado relación con el círculo de Néstor Kirchner cuando g

obernaba la provincia austral.

Años atrás, el empresario volvió a San Jorge, donde se radicó junto a su familia. Si bien su progreso económico fue evidente, sus vecinos no pudieron precisar cuál es su actividad. "Hablan de que se dedica a realizar inversiones inmobiliarias. En su perfil de Facebook dice que compra, vende y recicla inmuebles", aseguraron en el barrio. También contaron que "tienen un buen pasar, no se fijan en gastos", y que "él (Raies) y su familia son muy educados, agradables y buenos vecinos".

La causa que investiga a la ex presidenta es una derivación de una pesquisa por irregularidades en la compra de gas natural licuado. Fue iniciada en los primeros meses de 2018, a partir de las fotocopias de unas supuestas anotaciones vinculadas a presuntos sobornos que, se supone, realizó Oscar Centeno (ex chofer de un funcionario público) en ocho cuadernos (fotocopiados por periodistas del diario La Nación y devueltos al ex conductor). Esas fotocopias fueron entregadas al juzgado.

La causa tomó estado público el 1º de agosto pasado, meses después de comenzada, con allanamientos, detenciones y citaciones a declaración indagatoria a ex funcionarios públicos y empresarios contratistas del Estado.

Luego el juez fue tomando declaración a los imputados, así como a otras personas que comparecieron espontáneamente, al tiempo que ordenó más medidas de prueba. Algunos de los imputados obtuvieron, a su pedido, que se les concediera la figura de imputado arrepentido.

Fuente: La Capital