La ministra de Desarrollo Social nacional, Carolina Stanley, y dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirán hoy para abrir un canal de diálogo luego del reclamo de la central obrera para que se decrete la emergencia alimentaria en el país.
El miércoles pasado, mediante una carta pública, los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, habían reclamado al presidente Mauricio Macri la "urgente" declaración de emergencia alimentaria frente a "la grave situación social por la que atraviesan los ciudadanos, sumergidos en la pobreza e indigencia".
El encuentro entre la cúpula de la central obrera y Stanley fue confirmado por voceros del Ministerio de Desarrollo Social, aunque sin indicar el lugar y la hora de la reunión.
"Es obligación primaria, indelegable y constitutiva del Estado garantizar la alimentación y nutrición adecuadas de la población. La crisis económica que estalló en las últimas semanas no hizo más que agudizar la grave situación social", aseguraron Daer y Acuña en la carta que lleva sus firmas.
Asimismo, los dirigentes pidieron "coordinar todos los esfuerzos e invertir todos los recursos del Estado a disposición de los más necesitados".
Luego de las primarias del 11 de agosto pasado, el gobierno nacional puso en marcha varias medidas tendientes a morigerar el impacto de la crisis desatada por la fuerte devaluación del peso frente al dólar, como la suspensión del IVA a alimentos de la canasta básica, un plus salarial para empleados públicos y la devolución Ganancias para sectores de la clase media.
Pero esas medidas fueron consideradas insuficientes tanto por los sectores sindicales como por organizaciones sociales y de piqueteros, que la semana pasada lanzaron un plan de lucha con movilizaciones y acampe en la avenida 9 de Julio, en la Capital Federal, y otros puntos del país (entre ellos Rosario).
Se espera que en la reunión, a la que es posible que asista el ministro de Producción y Trabajo nacional, Dante Sica, se llegue a un acuerdo para reducir el conflicto con el anuncio de medidas para empleados registrados como una ampliación o reasignación de partidas para aumentar la asistencia a comedores barriales.
Asimismo, los gobiernos provinciales, incluido el de Santa Fe, se hicieron eco del reclamo y también pidieron a la Casa Rosada medidas para paliar la situación de los sectores más vulnerables.
Al respecto, el gobernador Miguel Lifschitz advirtió la semana pasada que "se necesitan acciones urgentes en el tema alimentario", al tiempo que solicitó "una convocatoria para declarar la emergencia" a los demás mandatarios provinciales, como también a los intendentes y restantes actores sociales.
En tanto, en el Congreso nacional se debatirá esta semana la posibilidad de unificar en un proyecto la emergencia, que puede contemplar una expansión del gasto público cercana a los 8.000 millones de pesos para políticas alimentarias, según indicaron fuentes parlamentarias.
Fuente: La Capital
