El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó este jueves el “estado de excepción” en todo el país ante las fuertes protestas sociales que se registraron por el aumento de hasta 123% en los precios de los combustibles como consecuencia de un plan de ajuste pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

“Dispuse el estado de excepción para precautelar el orden, la seguridad ciudadana y con el fin de controlar a quienes pretenden provocar caos. No accederemos a chantajes y actuaremos acorde a la ley”, escribió Moreno en Twitter. “¡Las decisiones adoptadas están en firme!”, agregó en referencia a los anuncios recientes en materia económica. 

La medida estará vigente durante 60 días, lo que permite la Constitución antes de extenderla por otros 30. Cientos de manifestantes desafiaron el estado de excepción en Quito y chocaron con fuerzas policiales en los alrededores de la sede de gobierno, que reprimieron con gases lacrimógenos. 

Bajo el estado de excepción se puede establecer al territorio ecuatoriano como zona de seguridad, suspender o limitar derechos como el de la libre movilidad o imponer la censura previa para la prensa. También autoriza al Gobierno a emplear a militares y policías en el control público y disponer el cierre de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. 

Moreno, que llegó a la Presidencia ecuatoriana como delfín del izquierdista Rafael Correa para luego romper con él, está en el centro de la ira popular por quitar los subsidios al diésel y la nafta en función de un acuerdo con el FMI, y que condujo a un incremento de la tarifas de hasta el 123%. 

Estas son las primeras consecuencias del convenio que suscribió con el Fondo en marzo para obtener créditos ante el elevado endeudamiento público de la dolarizada economía de Ecuador. Moreno avisó a los manifestantes que no permitirá “imponer el caos”. “Ese tiempo ya pasó, ese tiempo se acabó. Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable, de tratar de imponer criterios y, peor todavía, con actos vandálicos y actos de violencia”, agregó.

Las manifestaciones derivaron en fuertes incidentes entre cientos de personas que se mantuvieron en las inmediaciones de la sede de gobierno y la policía, que reprimió con gases lacrimógenos. Hubo 19 detenidos. 

En el país, protestas similares causaron el fin de tres gobiernos entre 1996 y 2007, período en que Ecuador tuvo siete presidentes. Sectores del transporte como el de pasajeros paralizaron este jueves sus actividades en rechazo al denominado “paquetazo de Moreno”. “Mientras no se dé marcha atrás, no dejaremos de protestar”, dijo Carlos Guzmán, dirigente de una cooperativa de taxis que se manifestaba en La Marín, en el centro viejo de Quito. 

“Protesto por el presidente, que pone estas medidas drásticas. Uno tiene hijos, recibe apenas 380 dólares (de sueldo) y no alcanzan. Qué vamos a comer”, dijo John Urquiza, un chófer de 40 años. Una situación similar se registró en Guayaquil, en el suroeste y núcleo comercial del país. 

“Ecuador está viendo cómo un grupo particular defiende sus intereses y paraliza el país”, lamentó el ministro de Economía, Richard Martínez, agregando que “lo que estamos haciendo es sincerar los precios, retirar un subsidio, un regalo que hacía el Estado”.

Organizaciones de indígenas y sindicales también protestaron contra los aumentos de los combustibles que hasta el miércoles eran los más baratos y más utilizados en Ecuador, que afronta problemas económicos. 

El partido del expresidente Correa, Revolución Ciudadana, emitió un comunicado en el que instó a la Asamblea Nacional (congreso) a que se pronuncie contra esta medida antidemocrática”. “Responsabilizamos al gobierno por los actos represivos que vulneran la integridad de los ciudadanos que ejercen su legítimo derecho a manifestarse”, subrayó. 

La cotización del galón americano de diésel pasó este jueves de 1,03 dólares a 2,30 dólares y la de nafta común, de 1,85 a 2,40 dólares. Los precios quedaron sujetos a los del mercado una vez que Moreno eliminó el martes todos los subsidios, que demandaban al tesoro unos 1.300 millones de dólares anuales. 

La medida es parte de reformas tributarias y laborales que el gobierno impulsa en función del acuerdo con el FMI para conseguir créditos por 4.209 millones de dólares en medio de serios problemas financieros. 

El ministro de Transporte, José Martínez, dijo a su vez que están analizando ajustar “levemente” los pasajes de micros provinciales, mientras que la revisión de las tarifas urbanas corresponde a los municipios. 

El gobierno también aumentará en 15 dólares los bonos económicos mensuales que entrega a más de un millón de personas en situación de vulnerabilidad, que oscilan entre los 50 y 150 dólares.(Reuters/ambito.com)