El presidente Sebastián Piñera presentó a los nuevos miembros de su gabinete, el cual cambió en respuesta a las masivas protestas que demandan mejoras sociales. La ola de protestas comenzó el pasado 18 de octubre contra una suba en el pasaje del metro y luego escaló, tanto en nivel de movilización como en el espectro de los reclamos, mucho más amplios que la tarifa del transporte. El cambio de nombres en carteras clave indica un viraje al centro de la alianza de derecha, con una pérdida de espacios de poder de los dos partidos más tradicionales y un avance de la formación más moderna y joven.
"Chile cambió y el gobierno tiene que cambiar", dijo Piñera al juramentar a los ocho nuevos ministros, algunos provenientes de otras carteras. El gabinete presidencial está integrado por 24 ministros, pero Piñera decidió cambiar a los ocho titulares de las principales carteras, como Seguridad Pública y Hacienda, dos áreas duramente criticadas. Los nuevos titulares son dos militantes del partido Evolución Política (Evópolis), que integra la coalición en el gobierno y son vistos más accesibles y abiertos al diálogo, además de más jóvenes que sus predecesores. El anterior ministro de Hacienda, Felipe Larraín, admitió que "no supimos interpretar bien lo que estaba pasando".
Se retira la vieja guardia
La de ayer es la tercera modificación de gabinete de Piñera en su segundo mandato. El jefe de Estado removió el corazón del gobierno con las salidas de Andrés Chadwick (Interior), Cecilia Pérez (Seguridad) y Felipe Larraín (Hacienda). El joven Gonzalo Blumel pasó de la Secretaría de Presidencia a Interior, e Ignacio Briones asumió en Hacienda. Ambos son de Evópolis. Karla Rubilar —uno de los rostros para enfrentar la crisis de las últimas semanas— asumió la vocería. También hubo cambios en las carteras de Trabajo, Economía y Bienes Nacionales, además de enroques en Deportes y Segpres.
El senador de oposición Ricardo Lagos Weber valoró el cambio de gabinete, aunque dijo que hay que esperar los resultados. El diputado comunista Guillermo Teillier afirmó que la modificación del gabinete "fue impuesto por la gente", y está por verse "si va a significar medidas de fondo".
El diario El Mercurio comentó que en términos generales, el cambio se caracterizó por privilegiar figuras jóvenes, todos menores de 50 años, y de tendencia más moderada. El ejemplo más claro e importante es el cambio que experimentó Interior: Andrés Chadwick, un militante de la derechista UDI de 63 años, dejó su lugar a Gonzalo Blumel, un Evópoli de solo 41. El ajuste había sido anunciado el sábado, día de la marcha de más de un millón de personas, y se generó en torno a él una gran expectativa, que incluyó varios listados de posibles gabinetes que circularon por redes sociales, ninguno coincidente con el cambio que finalmente se hizo. Desde el gobierno, fuentes afirmaron que los detalles se terminaron de zanjar en los últimos minutos, mientras los ministros esperaban la entrada de Piñera. "Son cambios súper relevantes y un fracaso para la UDI y RN", los dos partidos tradicionales de la alianza de la derecha chilena, señaló Carolina Garrido, directora del Observatorio de Gobierno de la UDP. Agregó que la principal expectativa que existía era la salida de Chadwick y quién se elegiría para reemplazarlo, "No solo el ministro del Interior, sino también el de Hacienda son de Evópolis", comenta Garrido. "Blumel refleja una derecha distinta y es una persona joven".
Las protestas tuvieron como punto de inicio un incremento a la tarifa en el subterráneo. Ahora, el abanico de exigencias va desde mejores pensiones, salud y educación, a rebajas en servicios públicos, medicamentos, más viviendas sociales, una nueva Constitución, ciclovías e impuestos al patrimonio. El martes pasado, Piñera anunció una agenda de reformas. Piñera anunció asimismo reducciones en las tarifas de la luz y medicamentos, incrementos a pensiones de los más pobres y al salario mínimo, alza en impuestos a los que ganan más de 11.000 dólares, y un proyecto de rebajas a los salarios y asignaciones a los parlamentarios, que oscilan entre 27.000 y 44.000 dólares mensuales. También se exige investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos desde la vigencia del estado de emergencia, que fue levantado el lunes tras 10 días de vigencia. Ayer se esperaba la llegada de una misión enviada por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
