Los transportistas que prestan el servicio de traslado para personas con discapacidad suspenden desde este viernes 1 de noviembre todos los viajes en reclamo de los fondos que adeuda tanto el Gobierno provincial como el nacional.

Como consecuencia de esta medida quedarán afectados al menos tres mil pacientes, sin obra social, uno de los sectores más vulnerables que incluso, como reconocieron los mismos transportistas, "en muchos casos son trasladados en estos servicios para recibir su única comida diaria".

Vale recordar que durante estos últimos dos años desde el sector realizaron varias protestas, paros, movilizaciones y gestiones diversas ante las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad y de la provincia, pero las deudas aún se mantienen.

Ni siquiera sirvió para destrabar el conflicto la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad, que proponía abordar esta problemática con criterios unificados, lanzada en Rosario en marzo de 2018 con la presencia de la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Los pacientes del Incluir Salud, las tres mil personas que no tienen ninguna cobertura social y se atienden a través de ese programa, fueron transferidas a las provincias desde la Nación a partir de enero pasado. 

Si bien, a la hora de delegar el servicio a Santa Fe, el gobierno federal se comprometió a la transferencia de los fondos, nada de eso sucedió.

En el caso puntual de los transportistas, el conflicto también es de larga data.

Agrupados en la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), vienen planteando la necesidad urgente de los fondos adeudados desde hace seis meses, tanto a través de medidas de fuerza como de gestiones ante las autoridades provinciales y nacionales. Pero, ante la falta de respuestas, decidieron suspender los servicios a los pacientes a partir del 1º de noviembre.

"Durante meses hemos alzado la voz e intentado poner en agenda la irreversible situación que atraviesa el sector de transportistas para personas con discapacidad", recordó Pablo Bolego, presidente de la entidad; y agregó sobre la medida que entrará en vigencia en los próximos días: "Hoy, el escenario que advertíamos se hizo realidad".

Al explicar la cadena de responsabilidades, el dirigente señaló que "la provincia no cumple con el pago de los servicios que ya se han brindado, costeado y hasta tributado, porque según informan, no se reciben los fondos que Nación transfiere para esta prestación".

La deuda acumulada es de seis meses, y no les permite sostenerse a flote.

"Ya se hicieron todos los reclamos posibles ante la Agencia Nacional de Discapacidad y al gobernador Miguel Lifschitz, pero no obtuvimos ninguna respuesta", agregó.

Consciente del impacto que genera una decisión de esta envergadura, más en pacientes sin obra social y de escasos recursos, afirmó que "duele tomar esta medida porque afecta a personas vulnerables que no tienen obra social ni prepaga, y que en algunos casos son trasladadas para su única comida, pero no se puede seguir trabajando sin cobrar".

Los datos

La medida de fuerza que lleva adelante la Asociación de Transportistas Especiales de la Provincia de Santa Fe (Atraes) tiene impacto en el traslado diario de unas 3 mil personas que se encuentran dentro del Programa Incluir Salud en toda la provincia, que no cuentan con otra cobertura médica.

La situación además afecta a unos 800 transportistas de toda la provincia, de los cuales unos 80 pertenecen a la ciudad de Santa Fe que prestan servicio a unas 800 personas con discapacidad de la ciudad provincial. 

La medida de fuerza dada a conocer por la Asociación de Transportistas Especiales de la Provincia de Santa Fe (Atraes) tiene impacto en el traslado diario de unas 3 mil personas beneciarias del Programa Incluir Salud de toda la provincia que utilizan este servicio, de las cuales unas 800 son de la ciudad. 

"Se nos está haciendo imposible seguir trabajando, porque la inflación disparó todos los costos y no nos pagan lo que nos deben", advirtió delegado local de transportistas escolares especiales en diálogo con el diario El Litoral. 

Sobre los aumentos del Gobierno nacional respecto al pago del servicio de septiembre  y la promesa de otra suba en noviembre, Zandomeni sostuvo que "resulta poco". "Y encima no nos pagan. Se nos está haciendo difícil poder seguir trabajando, teniendo en cuenta que la inflación siguió subiendo, los costos de las unidades se dispararon, al igual que los insumos. Comprar una cubierta hoy cuesta 7 mil pesos cada una, aumentó el seguro, aumentó el sueldo de los choferes y nosotros seguimos sin cobrar desde el mes de mayo".

Con información de El Litoral y La Capital