El caso de corrupción que se investiga guarda  relación con el proyecto del Gasoducto Sur. Esa obra, cuyo costo fue valuado en más de 7.000 millones de dólares, fue adjudicada en 2014 a un consorcio encabezado por Odebrecht por el gobierno del presidente Ollanta Humala en una licitación que luego fue investigada porque el ganador fue en realidad el único postulante tras haber impugnado a un competidor.

A comienzos de 2017, la administración del presidente Pedro Pablo Kuczynski rescindió el contrato y le impuso al grupo liderado por Odebrecht una multa millonaria por incumplimiento.

El Estado peruano alegó entonces que la concesionaria no había logrado la financiación necesaria para terminar la obra, paralizada en medio del escándalo de los sobornos multimillonarios pagados por Odebrecht en una docena de países, entre ellos Perú.

La semana pasada, Odebrecht demandó a Perú por 1.200 millones de dólares ante el tribunal arbitral del Banco Mundial por la rescisión de ese contrato, alegando que, al hacerlo, el Estado peruano "violó sus obligaciones".

Por el caso de los sobornos de Odebrecht están investigados Humala, Kuczynski y el también ex presidente Alejandro Toledo -preso en Estados Unidos y en trámite de extradición-, así como la líder opositora Keiko Fujimori y decenas de políticos y ejecutivos de empresa.