El presidente Alberto Fernández en su discurso dominical ante la comunidad política e institucional del país reunida en el Congreso de la Nación en ocasión de la apertura de un nuevo período ordinario de sesiones legislativas, despertó un gran interés en la ciudadanía, que incluso se hizo presente en gran número en la plaza de los Dos Congresos. El presidente habló textualmente de alcanzar un “Nuevo Contrato de Ciudadanía Social” retomando una larga tradición en la filosofía política de Occidente, que en tiempos de la modernidad encuentra sus promotores en John Locke y Jean Jacques Rousseau en los siglos XVII y XVIII, entre otros.
En términos más prácticos, en un país que se caracteriza por sostener disputas de visiones, modelos y formas de intervenir la cosa pública, está proponiendo las bases para un acuerdo nacional entre todos los actores que inciden en el devenir de lo público, con un horizonte de incluir, primero, a los más vulnerados en sus derechos de inclusión social, para luego integrar al conjunto. En poco más de ochenta días de su gestión puso en funcionamiento un ambicioso y necesario, a la vez, programa alimentario para los niños y niñas los hogares más castigados socialmente.
Llamó la atención, que en la larga batería de anuncios sobre iniciativas de leyes que impulsará su gobierno para este año 2020, hable con absoluta singularidad de nuestra provincia de Santa Fe, especialmente de Rosario y su zona de aglomeración territorial que va desde Puerto General San Martín en el norte hasta Villa Gobernador Gálvez en el sur. Habló de Rosario haciendo foco de un fenómeno social complejo y problemático, que la tiene como epicentro, y la hace distintiva en el país.
Alberto Fernández habló de “narcotráfico” y anunció el impulso de leyes que refuerzan política pública judicial de persecución de la “narcocriminalidad”, A esta se la ha caracterizado como como un “fenómeno socio-político de vasto alcance” que incluye “una actividad industrial, comercial y financiera de alta rentabilidad, prohibida por la ley”. A su vez, se combina con las “agencias del Estado” que deben participar de su investigación terminan entremezcladas con las organizaciones criminales obviamente pierden, o más bien, abandonan su capacidad de acción. Por otro lado, el uso masivo de drogas prohibidas por parte de la población, donde hay una nota cultural que hay que prestar debida atención tanto como la alarmante pérdida de horizonte de sentido de muchísimos adolescentes y jóvenes, se presenta como otra de las devastadoras consecuencias sociales, incrementando un problema de salud pública. Rosario ha expresado con la elocuencia de las muertes violentas entre sicarios y los distintos grupos que actúan en la intermediación delictual, como en la monumentalidad de los emprendimientos inmobiliarios, comerciales y financieros legales que lavan los grandes volúmenes de dinero que se mueve bajo el paraguas de la ilicitud.
Dijo literalmente el Presidente “vamos a impulsar un fortalecimiento de toda la actuación de la justicia federal penal en las zonas más críticas donde el crimen organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico, especialmente en la zona de influencia de Rosario y Santa Fe” (…) “vamos a impulsar la creación de una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario” (…) “la creación de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo que también va a estar orientada a la investigación de la trata de personas, el lavado de dinero y el narcotráfico”.
Es evidente que la cuestión judicial en general, la necesidad de su reforma, forma parte de una de las más altas cuestiones de política pública en la agenda del gobierno nacional, y se da en marco de la consideración de clara decisión de avanzar en una reforma que modernice al Poder Judicial y que camine hacia la mayor transparencia. Muchos desde dentro mismo y también de afuera, consideran que el Poder Judicial es muy reactivo a los cambios, es el más conservador de los tres poderes. Lo cierto que la estructura judicial para enfrentar el crimen organizado es minúscula en relación al tamaño del problema. Pero no solo es pequeña en relación a su tamaño, sino fundamentalmente en su funcionamiento. Los procedimientos de las investigaciones de la Justicia federal quedaron desactualizadas en relación a la velocidad y la trama de los delitos, sus operadores judiciales arman las causas con elementos que les proporcionan las fuerzas de seguridad, muchas sospechadas o conniventes con la participación criminal; no se investiga en forma interconectada los delitos donde se entrecruzan los mismos actores criminales, sus mismas zonas, sus mismos ilícitos.
La creación de nuevos cargos judiciales para enfrentar este flagelo es un gran avance, pero no será suficiente si no se modifica una dinámica de intervención en la investigación compleja de los delitos, lo que también debe ser materia de reforma del sentido del servicio público de justicia. No será suficiente, a su vez, si no se modifican las configuraciones sociales culturales por las cuales el consumo de estupefacientes hace estragos en los horizontes de muchísimos pibes y pibas de todas las grandes barriadas de los principales centros urbanos de la provincia. Esto, también debe ser una consecuencia de un nuevo acuerdo de ciudadanía social.
(*) Por Adan Costa
Abogado. Docente universitario Seminario de Gestión Integral en Complejidades Sociales UNR. Ex presidente del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Santa Fe
