Esta mañana antes de la audiencia de prisión preventiva de dos docentes del jardín San Roque, los familiares y amigos se concentraron frente al palacio de Justicia para manifestar su apoyo a las docentes por el caso de supuesto abuso que se investiga en esa institución.

En una esquina había un grupo en apoyo a los docentes y en otra esquina otro grupo en apoyo a los padres del menor que realizaron la denuncia. Diego y Luis son las parejas de las docentes y explicaron al móvil de LT9 que "estamos acá en apoyo a Érika y Claudia, que son dos mujeres íntegras, honestas, madres, que están pasando por una injusticia terrible, vemos una acción de abuso muy grande, ellas hicieron lo que tenía que hacer de acuerdo al protocolo vigente".

"Estamos viviendo esta injusticia por un gran dolor,  jamás deberían haber salido de sus familias, porque son personas de bien y pregonan buenos valores. Acá están manifestándoles el apoyo familiares, compañeros de trabajo y amigos que las conocen", expresaron.

"Se dijeron muchas barbaridades que no tienen nada que ver con lo que pasó y sentimos una impotencia porque ellas obraron de buena fe. Claudia ingresó hace 25 años en el Jardín, y llegó a ser supervisora después de toda una carrera con mucha capacitación y cuando uno ve estas cosas te duele el corazón", contó Luis.

Asimismo sostuvieron que tienen "fe en la Justicia y que determine que son inocentes, esperamos que la cordura llegue a los magistrados y que se investigue pero ellas no tienen nada que esconder ni ocultar".

Cabe destacar que luego de la audiencia en la que este martes fueron imputadas las dos directoras del Jardín San Roque por el presunto encubrimiento agravado de un caso de abuso sexual por el cual está preso un maestro de música, la defensa de las acusadas salió al cruce de los dichos de la ministra de Educación, Adriana Cantero, que el mismo martes le dijo a los padres que se enteraron del caso por los medios.

“Desconozco las manifestaciones de la ministra (Cantero) y del director de Educación Privada” (Rodolfo Fabucci), declaró el abogado Germán Corazza. “Lo cierto es que hay una teoría de la continuidad de los actos administrativos y esta nota de activación del protocolo se presentó a fines de 2018”. Y agregó: “es el Ministerio el encargado, a través de los distintos órganos, de realizar la denuncia penal y seguirla”.

A partir de ese documento, en el que se describe punto por punto la intervención de la institución, el letrado remarcó que “no hay de ninguna manera encubrimiento” de las autoridades del jardín. Consultado por sobre qué debieron hacer las directoras, una vez remitido el caso al Ministerio de Educación, Corazza sostiene que a partir de la atribución de la fiscalía “se está desconociendo alguna reglamentación que está vigente, no sólo en el establecimiento educativo San Roque sino también en todos los colegios de la provincia”.

La mención es en función del acta firmada el 2 de julio de 2018, que se titula “Procedimiento de protección de identidad de docentes que tomen conocimiento de niña, niño o adolescente en situación de vulnerabilidad que configure un delito. Formulación de denuncia penal”. Allí se establece que el docente o directivo que tomare conocimiento de un hecho de abuso debe elevarlo a la supervisora, la cual debe informarlo a su vez a la Delegación Regional correspondiente -en este caso la Región 4ta.- y de ser necesaria la denuncia penal, es esta última la encargada de radicarla ante la Justicia.

“Es un protocolo de actuación que se dictó después de un lamentable suceso en que fue víctima una docente de Santa Fe”, subrayó Corazza en relación al crimen de la maestra de Alto Verde, Vanesa Castillo. “Se dictó ese protocolo, en el que intervinieron las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia y todas las partes involucradas incluidos los gremios”.

Entonces, “una de las conductas atribuidas es que ellas (por las directoras) no realizaron la denuncia respectiva, cosa que no es así. Ellas tomaron intervención a fines de noviembre de 2018 de este suceso y lo pusieron en conocimiento cabal del Ministerio de Educación de la provincia a través de la supervisión el 17 de diciembre de 2018. Es decir que el Ministerio está al tanto de esta situación desde fines de 2018”, reiteró el abogado que interviene junto a los Dres. Juan Aguilar y Andrés Rolón.

“Es el Ministerio el encargado a través de los distintos órganos de realizar la denuncia y seguirla y hay una comisión interdisciplinaria que se forma para actuar en estos casos, cosa que no estoy al tanto si se hizo o no. Lo que sí sabemos fehacientemente es que las dos imputadas han activado este protocolo mediante nota”, cerró.