Con la revisión de la causa, los familiares de las víctimas reflotan sus esperanzas de que la Justicia pueda condenar e inhabilitar a uno de los responsables del siniestro (los otros dos murieron en el episodio) y exigir explicaciones a los magistrados que tuvieron la causa en sus manos y la dejaron prescribir.

El único acusado de la causa que queda vivo es Oscar Atamañuk, el chofer que manejaba el colectivo. Los otros dos eran el conductor del camión que impactó contra el ómnibus y su acompañante.

Los familiares de las víctimas consideran que los peritajes demostraron que el conductor del colectivo no respondió con profesionalismo en el momento del accidente y que pudo haber evitado la tragedia. Además, sostienen que viajaba a más velocidad que la permitida.

La demanda contra Atamañuk buscaba una pena de 3 años de prisión en suspenso, el máximo previsto por los cargos que se le imputaban. Además, solicitaba además la inhibición permanente para conducir vehículos. Pero el chofer fue absuelto por la justicia de los cargos de "homicidio y lesiones culposas múltiples", y mantuvo su licencia de conducir.

Atamañuk afrontó tres juicios: en el primero fue absuelto, pero la sentencia fue anulada. En el segundo fue condenado pero el fallo volvió a ser anulado -por falta de la indagatoria- y finalmente en julio de 2013 fue condenado pero la Corte de Santa Fe entendió que la causa estaba prescripta por el paso del tiempo.

Eso es lo que deberán revisar ahora los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz.

"A mi hijo la Corte no me lo va a devolver pero por lo menos puede dar una muestra de que no todo es impunidad", dijo aseguró Sergio Cohen, padre de Nicolás. Y recordó que "el único acusado nunca estuvo preso. Después de la tragedia se puso una agencia de remís y corría kartings con la licencia vencida".

Para los familiares, a la pérdida de sus seres queridos se sumó la sensación de impunidad con el manejo del expediente, en donde llegaron a dictar un procesamiento para el único acusado y después se dieron cuenta que ni lo habían indagado.

"A la justicia de Santa Fe parece que no le importan ni los acusados ni los victimarios. Queremos que los años de mala praxis judicial sean revisados por la Corte Suprema y asumidos por los propios jueces", explicó Cohen en una entrevista con la agencia de noticias DyN.

El máximo tribunal aceptó el planteo. Reclamó todo el expediente para su estudio, lo que renueva las esperanzas de los familiares quienes desde el día de la tragedia emprendieron una cruzada por la concientización en la seguridad vial.

Los querellantes aseguran que el choque en el que murieron sus hijos hubiera sido evitable si al conductor del camión no le hubieran vendido alcohol en la ruta y alguien lo hubiera frenado cuando condujo 32 kilómetros "bamboleante" hasta que se enfrentó con el micro de la escuela. Pero, además, consideran que el chofer del colectivo no actuó con profesionalismo y que manejaba a exceso de velocidad.

"Menos mal que nuestra causa es mediatizada", comentó Sergio Levin, otro de los papás de uno de los adolescentes fallecidos, el día que se enteró de la prescripción. En esa línea, remarcó que "una justicia que llega después de tanto tiempo es un miga de pan, pero queremos que la Corte analice esta situación"

La "Tragedia del Colegio Eco" ocurrió el 8 de octubre de 2006 en el kilómetro 689 de la ruta nacional 11, a 200 kilómetros de Santa Fe, cuando un camionero en estado de ebriedad chocó contra el micro en el que viajaban los alumnos, que regresaban de una actividad solidaria en la provincia de Chaco. A raíz del impacto, murieron una docente y nueve alumnos del colegio Ecos, además del chofer del camión y su acompañante.