El pedido del fiscal se encuentra orientado a determinar si el niño, cuya edad en la actualidad es de 8 años, pudo haber sido inscripto con otra identidad en algún Registro Civil o si quizás fue trasladado hacia otro país. No obstante, no descarta la posibilidad de que pueda haber fallecido.

Con en esas hipótesis, Onel solicitó al magistrado que requiera del Registro de las Personas de la Provincia de Santa Fe una planilla inicial que sea la original del niño o cualquier documento donde consten las huellas dactilares del mismo.

El fiscal requirió que sean oficiados distintos Cuerpos Médicos Forenses de Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Chaco para que informen sobre cuerpos que pudieron haber sido examinados como NN y que puedan tener fisonomías similares a las que tiene Maxi Sosa. A su vez, que se extraigan las huellas dactilares que podrían haber tenido dichos cuerpos.

Onel sugirió al juez que una vez obtenidas tales huellas se lleve a cabo un cotejo de ellas con las bases de datos que posee la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional mediante el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (Afis).

Cabe destacar que el sistema Afis permite, por un lado, a través de un medio informático, el escaneo, captura e ingreso de improntas dactilares al sistema y por otro la consulta y comparación automática con todos los registros previamente almacenados, utilizando como punto de partida una huella digital. Esa base de datos se encuentra diariamente conectada con el Registro Nacional de las Personas, con la Dirección Nacional de Migraciones, y con otros organismos públicos.

En el pedido, el representante del Ministerio Público Fiscal de Rafaela requirió que el Registro Nacional de las Personas informe la totalidad de los registros de las personas de Argentina para así determinar cuántas inscripciones tardías de varones de aproximadamente tres años de edad al año 2015, se llevaron a cabo a partir del 18 de diciembre -cuando se estima que Sosa desapareció- hasta la fecha.

Otra de las medidas solicitadas por Onel apuntaron a pericias de números telefónicos que forman parte de la investigación. Se trata de dos líneas de la empresa Telecom Personal S.A. que realizaron una serie de llamadas y mensajes entre el 18 de diciembre y 31 de diciembre del 2015.

Tal pedido busca esclarecer la identidad de los usuarios de dichas líneas, como así también la localización de los mismos y además los lugares frecuentados durante el periodo que investiga la Justicia federal.

Por el paradero de Maxi Sosa se encuentran procesados –desde el 22 de octubre del 2019- actualmente y con prisión preventiva, por orden del entonces juez Miguel Abásolo (hoy jubilado) tres personas: Patricia Sayago (43) y su pareja Ariel Malagueño (39), quienes se encuentran vinculados a la causa desde su inicio cuando el expediente se tramitó en la Justicia provincial; y Pablo Americo Pinedo (60), alias “Pantera”, el cual fue detenido el 25 de septiembre del año pasado.

La resolución judicial determinó procesar los tres implicados por el delito de “trata de personas, en las modalidades de traslado y ofrecimiento, agravado por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima, por no poder esta valerse por sí misma, por la participación de tres o más personas, y por ser aquella menor de dieciocho años”.

El fallo del juez colocó como “coautores” del delito que se investiga a Sayago y Malagueño mientras que “Pantera” quedó vinculado como “participe primario” de la desaparición Maxi Sosa.

Fuente: Radio Belgrano Suardi