La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y de los empresarios Claudio Cirigliano y Sergio Taselli por el otorgamiento de subsidios de manera irregular por parte del Estado Nacional a los ramales ferroviarios San Martín, Mitre, Sarmiento, Belgrano Sur, y General Roca.

A los funcionarios, al igual que al ex subsecretario Julio Montaña, se los acusa de haber "incumplido sostenidamente, durante su gestión, las obligaciones que tenían a su cargo, de control y fiscalización de la operación del servicio de transporte público ferroviario de pasajeros" desde 2004 hasta 2007.

"En esos períodos se omitió verificar el cumplimiento de los planes de mantenimiento a los que se habían comprometido las empresas concesionarias del servicio de transporte ferroviario, precisamente para mejorar las condiciones", ya que "fueron liberados fondos y recursos sin verificar previamente el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para mantener el derecho a la percepción de los bienes fideicomitidos, lo que conllevó a un estado deficitario general del sistema, y no se adoptó ninguna medida en el ámbito de las competencias funcionales pertinentes para evitar que prosiguiera acentuándose la situación deficitaria constatada", señaló la Cámara.

Por ello, el Tribunal, con la firma de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, entendió que la conducta de los funcionarios "redundó en un claro beneficio para las concesionarias del servicio, quienes recibieron grandes sumas de dinero en concepto de subsidios".

Las empresas "continuaron percibiendo los subsidios avalados por los funcionarios públicos a cargo de la Secretaría y la Subsecretaría de Transporte", con lo cual "no sólo se ordenaron los pagos de los subsidios en las condiciones descriptas, sino que además no se controló debidamente la prestación del servicio ferroviario, lo cual consecuentemente implica un desmejoramiento en la utilización de éste por parte de los usuarios y un perjuicio al erario público".

Quienes percibieron los subsidios, los empresarios, "cumplieron un rol necesario en connivencia con los funcionarios públicos intervinientes, sin el cual el suceso no habría podido cometerse" en relación a Cirigliano, Taselli y Osvaldo Iglesias, entendió el Tribunal.

La Cámara también ratificó los embargos por 700 millones de pesos sobre Montana, de 650 millones sobre Taselli e Iglesias, y de 65 millones respecto a Cirigliano.

De esta manera, el Tribunal rechazó todos los planteos de nulidad, así como de excepción de falta de acción que apuntaban a argumentar que no había existido delito y de esta forma el juez de primera instancia está en condiciones de elevar la causa a juicio oral y público.

Fuente: Agencia NA