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Opinión

Lucha de clases (presenciales)

— Gustavo Castro

MARTES 20 DE ABRIL DE 2021

El concepto de lucha de clases, básico en la teoría marxista, se usa aquí como juego de palabras ante la disputa por la presencialidad en el sistema educativo, cuyo foco hoy es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero que derrama hacia el resto del país. Aún así, el barbado pensador alemán haría un guiño si revisara el listado de colegios que se manifestaron el lunes en Olivos contra el cierre momentáneo de las escuelas por la agresividad de la segunda ola: Washington Day School, Saint Gregory, Westminster, St. Matthews, Champagnat, por nombrar algunos. No falta el bien conocido Cardenal Newman, donde supo escolarizarse el ex presidente Mauricio Macri.

Este sesgo socioeconómico de los manifestantes, cuyo volumen de influencia sobre la administración de Horacio Rodríguez Larreta es difícil de exagerar, explica en parte la aguerrida batalla por sostener las clases presenciales a como dé lugar, pese a la abrumadora tasa de contagios en el distrito. “No logré encontrar ningún sistema educativo nacional o subnacional que haya mantenido escuelas abiertas con más de mil casos cada 100 mil habitantes por semana (como ocurre en CABA ahora). Agradecido si lo encuentran”, escribió el director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, Axel Rivas, en un recomendable hilo de tweets.

Hay, en ese sentido, un parámetro que cuenta con extendido consenso a nivel mundial. El Centre of Disease Control (CDC) de Estados Unidos estableció como techo para perseverar en la educación no virtual los 200 casos cada 100 mil habitantes. Alemania, por caso, lo respeta rigurosamente. La Sociedad Argentina de Pediatría lo adoptó como propio. La Ciudad de Buenos Aires sextuplica ese número.

Santa Fe, por su parte, tiene números sensiblemente menores, si bien en ascenso furibundo. De acuerdo a las últimas cifras,  la provincia se encuentra en el orden de los 635 y la ciudad en 421 cada 100 mil pobladores. Como se puede observar, igualmente nuestro territorio se encuentra largamente en zona roja. De hecho, el Periódico Pausa se tomó el trabajo de hacer el cálculo por departamento y detectó que, al lunes pasado, 16 de los 19 se encuentran en situación crítica.

Claro que ese no es el único indicador. Lo advirtió el propio Axel Rivas: “La evidencia no es una verdad absoluta. La ciencia no funciona así. Uno junta todas las piezas posibles y añade diversas dimensiones: contexto, legitimidad de una medida, nuevas cepas, población vacunada, efectos secundarios, etc. Sobre esto se debaten los dilemas morales”.

Al respecto, es conveniente reproducir un dato impactante que publicó en redes sociales el ex ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni: la provincia de Santa Fe es la que más vacunó a su personal docente, un 80%, frente a un pobre 15% de CABA. La aseveración fue ratificada luego por el mismísimo presidente Alberto Fernández. Claro está, sólo fue inoculada la primera dosis de Sinopharm, cuya efectividad en esa etapa se arrima al 50%, según explicó la titular de Salud santafesina, Sonia Martorano.

Esa distancia en favor de la docencia local se refleja en otras referencias, incluso las que no están atravesadas de manera directa por el feroz nuevo tramo de pandemia. La paritaria acordada entre el gobierno provincial y los sindicatos del sector –en paralelo con ATE y UPCN- es ostensiblemente superior a la cerrada en la ex Capital Federal: 35% en Santa Fe contra 30% en CABA, pero además con 26% de aumento en el primer semestre aquí versus 11% allá.

Esto fue posible por la decisión política de la gestión santafesina (y por cierta holgura fiscal lograda tras el apretón de 2020) pero también porque los gremios docentes son indisimulablemente más poderosos, en proporción, que en Ciudad de Buenos Aires, donde el frente sindical está fragmentado en más de una decena de organizaciones. Por eso mismo el paro lanzado para morigerar la insólita decisión de la Justicia porteña de desobedecer el DNU que suspendía las clases presenciales tuvo un éxito muy relativo. En Santa Fe, cuando Amsafe, Sadop, ATE y UPCN van a la huelga sin fisuras no hay “dispar acatamiento”. Ni mucho menos.

Este escenario más fértil para el desarrollo del sistema educativo tiene efectos paradojales en esta distópica temporada 20/21. El Boleto Educativo Gratuito es uno de ellos. Una conquista peleada durante añares por el movimiento estudiantil, aplaudida unánimemente tras su puesta en marcha por el gobierno de Perotti, alienta en esta particularísima coyuntura el amontonamiento en el transporte público de los grandes aglomerados.

Más aún si se tiene en cuenta que decenas de miles de niñas, niños y adolescentes, que habían caído del sistema por escasos acceso a los instrumentos de la virtualidad, fueron revinculados a sus escuelas a través del Operativo Verano Activo. Y hoy hacen uso del BEG, con las consecuencias descriptas en el párrafo anterior. A propósito: es contrafáctico pero no es alocado suponer que si el Plan de Conectividad ideado por el gobierno provincial no estuviera petrificado en algún cajón progresista de la Cámara de Diputados desde el año pasado, hoy el cese de la presencialidad sería menos traumático.

Valga un párrafo final para ciertas propuestas incalificables. El ex rector de la UNL, ex intendente, ex diputado nacional y ex embajador argentino en Uruguay Mario Barletta agitó públicamente e incluso llevó a estrados judiciales la exigencia de clases 100% presenciales. El domingo pasado, el periodista Nicolás Lantos describió en su columna en el sitio El Destape los resultados de esa iniciativa en Iowa, EE.UU.: “Desde entonces, ese estado, que tiene una población de tres millones de habitantes, acumula 7.333 casos de coronavirus en niños de edad escolar. Solamente el día de ayer se reportaron 129 positivos infantiles. Antes del regreso a clases, representaban solamente el 10 por ciento de los contagios detectados. Esa cifra ahora trepó por encima del 17 por ciento. El 5 por ciento de las admisiones hospitalarias son niños. Dos fallecieron”.

Por lo que se ve, las costas de más de 1 millón de pesos impuestas al dirigente de Juntos por el Cambio en el rechazo a su recurso de amparo puede que hayan quedado cortas.

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