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Clases presenciales, conectividad y leyes que no salen

— Gustavo Castro

MIÉRCOLES 05 DE MAYO DE 2021

El impacto feroz de la segunda ola de coronavirus y la consecuente discusión sobre la permanencia de las clases presenciales pone nuevamente en la superficie el atraso en el tratamiento de dos proyectos clave en la Legislatura santafesina. Por un lado, la iniciativa para ejecutar el Programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa “Santa Fe+Conectada”, que contaría con el financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por hasta 100 millones de dólares. Por el otro, la creación de una empresa con participación estatal mayoritaria para la prestación, explotación y comercialización de servicios TICs, que van desde internet hasta telefonía celular. En ambos casos, su debate se encuentra paralizado en Diputados desde fines del año pasado.

Previsiblemente, el plan de conectividad fue uno de los ejes principales del discurso de Perotti el sábado pasado, al inaugurar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura. Ese mensaje, de tono dialoguista, hasta ahora tuvo como respuesta tweets prefabricados de legisladores radicales con tono crítico y un bombardeo en redes sociales de casi toda la oposición tras la suspensión de la presencialidad educativa por siete (7) días en dos (2) de diecinueve (19) departamentos de la provincia.

La necesidad de resolver el agudo déficit en esta materia queda expuesto crudamente en la argumentación del proyecto Santa Fe+Conectada, que ya se citó en este espacio recientemente, pero igual vale la pena reiterar: “en lo relacionado con la conectividad de las escuelas primarias y secundarias, según el mismo ENACOM, el 72% de las escuelas no tiene conexión a Internet para uso pedagógico; y del 28% (793) de las escuelas que sí tiene conexión, el 66% tiene un tipo de conexión muy mala o mala y el 44% restante tiene una conexión regular o buena; y de éstas, el 92% posee instalación de red interna y el 18% restante no”.

La misma práctica se puede repetir con un relevamiento del ministerio de Educación, al que accedió LT9, realizado por mail desde el 27 de mayo al 9 de junio del año pasado. Un total de 44.063 docentes contestaron el cuestionario, entre un 63,89% y 75,73% según el nivel educativo.

Más de la mitad de ellos, 23.669 educadores, afirmó no haber podido contactarse con todos sus alumnos desde el inicio de la cuarentena. Casi la misma cantidad, 21.500, aseguró que algunos estudiantes no cuentan con dispositivos móviles para comunicarse algún día.

Una cifra baja de docentes (en proporción, pero no por ello desdeñable) aseveró que no dispone de equipamiento informático: 5.181. Peor aún, 1.011 ni siquiera cuentan con acceso a internet en su casa. Los que sí tienen opinan mayormente que la calidad es buena, pero 9.640 calificaron al servicio de malo.

El uso del WhatsApp para conectarse con los alumnos más que duplicó al aula virtual: 37.243 a 16.030. El mail quedó en segundo puesto con 21.878. El contacto con los padres tuvo números cercanos: 36.909, 20.996 y 11.931, en el mismo orden. Nada menos que 4.326 educadores no lograron ninguna conexión con los progenitores porque no disponen de medios para hacerlo.

En este contexto, es conveniente indagar un poco más en los proyectos para conocer efectivamente qué se está discutiendo. En el caso de la creación de la empresa Santa Fe Redes y Servicios S.A.P.E.M., la iniciativa prevé “la prestación, explotación y comercialización de servicios de todo tipo de transmisiones, emisiones o recepciones de signos, datos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos -telecomunicaciones en general-, servicios de comunicaciones móviles -SCM- (sean servicios de radiocomunicaciones móviles -SRMC-, servicios de telefonía móvil -STM-, servicios de comunicaciones personales -PCS-, servicios radioeléctricos de concentración de enlaces -SRCE-) y cualquier otro servicio actual o futuro, servicios de valor agregado (datos, internet, etc.), servicios de provisión de enlaces y facilidades de red asociado y/o vinculado a los mismos, bajo cualquier tecnología actual o futura, incluyendo la prestación de todos los servicios y recursos asociados previstos en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC)”.

Como era de esperar, hubo preventivas reacciones adversas en algunos sectores involucrados. La Asociación Santafesina de Televisión por Cable, por ejemplo, hizo una presentación en el Senado en agosto del año pasado, a poco de presentarse el proyecto. La organización pidió, básicamente, que el Estado no se meta en la distribución domiciliaria donde ya hay un operador privado, con la mirada puesta especialmente en internet. Curioso debate sobre una iniciativa de un gobernador al que se suele tildar de privatizador irredento.

El otro proyecto, el del pedido de endeudamiento, tiene como objetivo “expandir la infraestructura de la red provincial de datos (RPD) y mejorar la conectividad regional de Santa Fe a partir de la construcción de la red troncal de fibra óptica y la incorporación de enlaces aéreos logrando una mayor cobertura territorial que facilite la modernización del sistema de conectividad a lo largo de toda la provincia de Santa Fe, reforzando la integración territorial y promoviendo la inclusión digital”. La idea, en síntesis, es desplegar 4.000 kilómetros de fibra óptica.

En este caso, los cuestionamientos opositores apuntaron al monto y a las condiciones del préstamo. Sobre este punto, el gobernador retrucó en su discurso del 1° de Mayo: “a diferencia de lo que sucedió en los años 2016 y 2017, cuando se colocaron bonos nominados en moneda extranjera a una tasa de interés de más del 7% promedio en dólares, el financiamiento que solicitamos tiene una tasa del 2,04%, con ventajas para la provincia tanto en plazo (15 años) como en costo financiero (5 años de gracia)”.

Y abundó sobre las diferencias con la deuda tomada por la gestión anterior al referirse a los famosos plazos fijos actuales de 20 mil millones de pesos: “Cada una de estas cosas es un esfuerzo de administración para ir resguardando la previsibilidad del pago a nuestros agentes que hacen indispensable el funcionamiento y también ir teniendo en cuenta la previsión del pago más importante, el primer pago, del endeudamiento de 500 millones de dólares que empezará a pagarse en esta gestión”.

La referencia revela también la distancia entre las voluntades acuerdistas de ayer y hoy. Fue posible antes tomar un préstamo en moneda estadounidense equivalente a 5 veces el monto que ahora se reprocha. Delicias del “diálogo y consenso”.

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