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El dispositivo político que quiere extirpar a Saín de Santa Fe no es nuevo. Tuvo su génesis en dos grandes acuerdos de gobernabilidad y mutuo beneficio entre gobiernos del Frente Progresista y un poderoso sector del peronismo comandado por Armando Traferri

— Gustavo Castro

MARTES 06 DE JULIO DE 2021

En el fútbol persiste una eterna discusión respecto de estilos y prioridades. En Argentina ese debate se concentró en dos figuras decisivas: Menotti y Bilardo. Los adherentes a las ideas del Flaco postulan que para obtener triunfos es necesario desplegar belleza y efectividad. Los seguidores del Narigón proclaman que cualquier vía es útil para el único objetivo existente: ganar. La política, un juego bastante más rústico, no admite demasiadas divergencias, más allá de las retóricas. Se necesitan resultados.

Los últimos fallos de la jueza laboral de Rosario Paula Calace Vigo son producto de una audaz decisión del gobernador Omar Perotti, consistente en instruir al Fiscal de Estado, Rubén Weder, a que se allane a la acción de amparo impulsada por el ex ministro Marcelo Saín para impedir que la Legislatura lo sancione. El argumento más importante: non bis in idem, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Este precepto, que está incluido en tratados internacionales, es el que está siendo violado, según la administración provincial, y que podría traer como consecuencia una eventual condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso con daño al erario público. Lo cierto es que la movida bloqueó, al menos hasta ahora, el ancho camino a la destitución del actual director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. Resultados.

El dispositivo político que quiere extirpar a Saín de Santa Fe no es nuevo. Tuvo su génesis en dos grandes acuerdos de gobernabilidad y mutuo beneficio entre gobiernos del Frente Progresista y un poderoso sector del peronismo comandado por Armando Traferri. El primero de ellos, la boleta única. Un sistema que le permitió al socialismo, en su momento escaso de territorio, gambetear la exigencia de estructuras que impone el mecanismo tradicional. Y que implicó el salto inicial de los senadores del PJ hacia su autonomización: ya no necesitaban de candidatos a gobernador que traccionen el voto, eran dueños de su propio destino. Este último sendero se abrió aún más cuando a la independencia electoral propia de la fragmentación por categorías se le sumó una cantidad de recursos públicos difícil de exagerar, todos ellos de uso flexible por parte de los legisladores departamentales, a través del denominado Fondo de Fortalecimiento Institucional consensuado con Antonio Bonfatti. El esquema continuó casi inalterable con Miguel Lifschitz. Nada que reprochar en términos estrictamente prácticos. Resultados.

Claro que ese alto rédito individual y sectorial no necesariamente supone mejor salud democrática. La boleta única lesionó el espíritu de la Constitución santafesina, que asigna 28 diputados al ganador de las elecciones, bajo la suposición de que quien triunfa en esa categoría es del mismo signo del gobernador elegido por la sociedad. Se trata de que al menos una cámara legislativa tuviera mayoría oficialista, de manera de evitar bloqueos constantes. Desde incluso antes de la asunción de Perotti quedaron crudamente expuestos estos efectos. Aquella alianza del Frente Progresista y un sector de senadores del PJ se activó en modo opositor a fines de 2019 con la imposición del presupuesto 2020 y continuó casi sin pausa hasta ahora, con el abierto objetivo de condicionar en toda la línea a la actual gestión. Resultados.

Ese mismo dispositivo político diseñó en buena medida a la población del sistema de Justicia nacido al calor de la reforma del Código Procesal Penal. Así, como ya se indicó anteriormente en esta columna, al menos una treintena de funcionarios del FPCyS saltó al MPA, al Servicio Provincial de Defensa y a varios juzgados. Según se desprende de la investigación judicial por juego clandestino, Traferri también logró lo propio con los ex fiscales de Rosario, el regional Patricio Serjal y el adjunto Gustavo Ponce Asahad, ambos detenidos en el marco esa causa. Allí quedan expuestas las raíces de los acuerdos políticos: los pliegos de ambos privados de su libertad fueron enviados por Bonfatti y Lifschitz; el inquisidor Luis Schiapa Pietra fue asesor del ex ministro de Justicia Héctor Superti, cuyo bufete de abogados protagonizó una remake del recordado estudio Cerutti, pero con mejor prensa. Nada habría que impugnar, en tanto realpolitik, bajo el nombre artístico de “diálogo y consenso”, si no fuera porque la deriva sistémica y de sus ejecutores aparecen severamente cuestionadas. Resultados.

Saín, con el aval indiscutible de Perotti, combatió a esa coalición. Lo hizo a su modo: con una personalidad flamígera, una verba incontrolable, un ego inconmensurable y una inconducente vocación de auto chocador. Fue, en parte, responsable de su caída. Ello sumado, claro, al ascenso multicausal de los dramáticos niveles de criminalidad y violencia que padece la sociedad santafesina desde hace añares. Pero algo logró: los reflectores empezaron a iluminar en detalle los rasgos ocultos, y en algunos casos nauseabundos, de esa convivencia política presuntamente idílica que distinguía a la provincia de la agrietada realidad nacional. Resultados.

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