Por segunda vez fue rechazado el pedido de suspensión de juicio a prueba solicitado por los abogados de tres empresarios arroceros a los que se investiga por haber construido terraplenes ilegales que causaron el derrumbe de un tramo de la ruta provincial número 1. El requerimiento de la Defensa ya había sido denegado en primera instancia, y ahora en segunda instancia se confirmó íntegramente esa sentencia tras una audiencia de apelación que se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 lleva adelante la investigación.

Los investigados son un hombre de 69 años, de iniciales RAC, que es el presidente de una industria de explotación arrocera; una mujer de 61, de iniciales MAN, que es la vicepresidenta titular de la firma; y un hombre de 64, de iniciales RFC, que es el vicepresidente suplente.

Por otro lado, el tribunal de segunda instancia decidió no hacer lugar a un pedido de la Fiscalía referido a la desestimación de un informe técnico que la Defensa ofreció como medio de prueba y, aunque estaba incompleto, fue aceptado en la audiencia preliminar.

Daño económico y ambiental

En la resolución de Cámara se hizo hincapié en diferentes aspectos jurídicos de la suspensión de juicio a prueba, cuya principal consecuencia es la finalización del proceso de forma anticipada y sin que las personas investigadas puedan recibir penas privativas de su libertad. Luego se analizó lo planteado por la Defensa y se sostuvo que “(sus argumentos) carecen del efecto para poner en crisis los fundamentos de la resolución recurrida”.

La Fiscalía, por su parte, enfatizó que “la solución del conflicto mediante una alternativa no punitiva no se correspondía con la magnitud del daño causado por los acusados”. Tal postura fue compartida por la Querella, que está constituida por representantes del gobierno provincial y de tres víctimas de los ilícitos.

El MPA contó que “como forma de reparación, la Defensa propuso entregar una cantidad indeterminada de kilos de arroz a entidades públicas”, y aclaró que “la industria que dirigen los investigados se dedica a la siembra, molienda y fraccionamiento de ese cereal”. Al respecto, remarcó que “el ofrecimiento era ínfimo e irrazonable en relación a los perjuicios ocasionados”.

Por otro lado, la Defensa desacreditó la afectación al medio ambiente que según el fallo apelado generaron las obras ilegales y la Cámara avaló lo resuelto en primera instancia. En tal sentido, se consideró “incorrecta la crítica”, y se recordó que la Constitución Nacional “impone a toda autoridad pública el cometido de garantizar la preservación del medio ambiente, pero, y más importante aún, el mandato implica el deber de sancionar y, sobre todo, propender a la reparación del daño ambiental”.

Inundaciones

La Fiscalía indicó que “a los acusados se les atribuye haber levantado sin autorización terraplenes de más de seis kilómetros de extensión alrededor del predio rural en el que está instalada su empresa con el fin de mejorar las condiciones en las que desarrollaban su actividad productiva”.

“Desde 2007, las personas investigadas construyeron canales de riego y desagüe y un canal de derivación de aproximadamente tres kilómetros de largo con desembocadura en la cuneta oeste de la ruta provincial número 1”, señaló el MPA.

“Con el tiempo, las obras que resultaron de la conducta delictiva obstruyeron el escurrimiento natural de las aguas del cauce del arroyo Saladillo Dulce y provocaron una desviación de caudales hacia el río San Javier”, expuso la Fiscalía.

De acuerdo con la acusación, “en enero de 2019, la situación irregular hizo que se generara un dique aguas al norte de los terraplenes y que se destruyera un tramo de la ruta provincial número 1 luego de que una alcantarilla localizada en el kilómetro 190 superara ampliamente su capacidad”.

“Las construcciones ilegales produjeron daños materiales en una vivienda y la inundación de campos ubicados al norte del predio industrial”, manifestó la Fiscalía. Además, subrayó que “las circunstancias atípicas pusieron en riesgo el casco urbano de Colonia Teresa e impidieron el tránsito de personas y el traslado de animales y productos entre diferentes localidades”.

Delitos

A los tres directivos de la empresa de explotación arrocera se les endilga la coautoría de los delitos de estrago doloso; daño calificado, y daño simple. Según lo informado en marzo de este año en la audiencia preliminar, el MPA solicitará penas de cinco años de prisión para los acusados y multas por un total de 270.000 pesos para las tres personas.