Desde la llegada al gobierno de Omar Perotti, cada vez que se desata un conflicto salarial en el Estado santafesino se suele recurrir al reproche por el dinero público colocado en plazos fijos en paralelo a la desactivación de la cláusula gatillo que movía los ingresos de los trabajadores al ritmo de la inflación. Esta objeción no proviene, en líneas generales, de la dirigencia sindical sino más bien desde el variopinto arco político opositor, ya sea interno como externo.
Respecto del primer planteo, una discusión de similares características se presentó hace 12 años. Pero no ocurrió en la Provincia. En octubre de 2010, la alianza legislativa opositora conocida como Grupo A logró la aprobación de la ley del 82% móvil para los haberes previsionales. En esa norma se proponía utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para hacerle frente a las erogaciones que demandaría la iniciativa.
A las pocas horas, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el veto total. En una parte de los considerandos del decreto se advertía que “hasta los propios postulantes reconocen públicamente que el financiamiento para el incremento propiciado se encontraría asegurado sólo para este año y el año venidero, sin saber explicar cómo se sustentaría en el tiempo la sanción de una Ley de tanta implicancia social”.
En criollo: si se disponía desinvertir el FGS y usar esos fondos para sostener el 82% móvil, la plata en algún momento se terminaría pero las jubilaciones habría que seguir pagándolas con el aumento correspondiente. Es decir, una crisis a la vuelta de la esquina. La propuesta de financiar incrementos salariales en la Provincia con el dinero puesto en plazos fijos adolece del mismo problema.
Es en efecto lo que ocurrió años después. En 2016, el Congreso de la Nación aprobó, a instancias del gobierno de Mauricio Macri, la denominada Ley de Reparación Histórica, que establecía el pago de juicios por reajuste de haberes con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Según el estudio de la Universidad de Avellaneda de 2021, esa medida detonó una caída de entre 47% y 59% de las inversiones de Anses, según el caso. “No sólo puso en riesgo la garantía de las prestaciones ante el devenir de la economía y la evolución demográfica, sino que también implicó prescindir de usar al FGS como instrumento para el desarrollo mediante la inversión en proyectos de infraestructura de alto impacto económico y social”, sentencia la investigación.
Fue en ese mismo contexto de la gestión cambiemita que a fines de 2017 se aprobó la reforma previsional, que determinaba un aumento de los haberes de acuerdo a la dinámica inflacionaria. ¿qué era aquello sino una cláusula gatillo? ¿Y por qué entonces habría sido tan duramente resistida en las calles por un nutrido conglomerado sindical?
La respuesta es sencilla: desde 2003 a 2015 el haber previsional mínimo creció 2.760% y el haber medio 1.560%, según datos oficiales. Una evolución superior a la suba de precios medida con el índice que se desee. En criollo: las jubilaciones le ganaban a la inflación, no la corrían de atrás, aumentaban en términos reales.
En Santa Fe, los salarios estatales tuvieron, con sus más y sus menos, un comportamiento en la misma dirección. La aplicación de la cláusula gatillo aparece recién en los años 2018 y 2019, como una respuesta de emergencia a la disparada inflacionaria provocada por el pinchazo de la bicicleta financiera de las Lebac, la consecuente corrida al dólar y finalmente la vuelta al FMI.
Ahora, el actual escenario de desborde en los precios dispara naturalmente reclamos, protestas y medidas de fuerza de los gremios estatales. Esa lógica puja de la coyuntura no invalida, en modo alguno, tener las cuentas claras de la historia reciente.
*El autor del artículo es periodista y se desempeña como columnista en diferentes medios.
