La dirigente social Milagro Sala cumple siete años detenida en Jujuy por liderar un acampe y su situación procesal se agravó desde entonces con la acumulación de causas y condenas, y mientras continúa bajo arresto domiciliario recibe muestras de apoyo y solidaridad por parte de organizaciones y personalidades que denuncian el "accionar persecutorio" que padece por parte del Gobierno provincial que encabeza el radical Gerardo Morales. 

Aquel 16 de enero de 2016, el reclamo en la plaza central de Jujuy, copada por más de 20 organizaciones sociales, para exigir respuestas al mandatario jujeño sobre el funcionamiento de las cooperativas de trabajo derivó en la detención de Sala por "instigación a cometer ilícitos y tumultos", hecho que se investigó y fue elevado a juicio oral en 2019.

 La prisión para Sala significó un devenir de causas judiciales que se instruyeron a nivel local: algunas llegaron a juicio oral, donde fue condenada; otras están pendientes de resolución y, en algunas, fue sobreseída. Además de la causa por el acampe, se debatirá en un juicio oral el expediente conocido como "Megacausa", en el que también están involucrados exfuncionarios incluyendo al exgobernador Eduardo Fellner y varios exjefes comunales por fraude en la construcción de viviendas. 

Además, la Justicia jujeña dispuso la elevación a juicio de la causa por los incidentes del 8 de marzo de 2021 en el barrio Campo Verde de San Salvador, y en la que Sala está acusada de ser la instigadora. De este modo, con una causa tras otra que el Ministerio Público de la Acusación ha venido impulsando tras su conformación, con Morales gobernador, la dirigente ha permanecido con prisión preventiva. 

Al comienzo estuvo en la cárcel de Mujeres de Alto Comedero (cuatro días después de la detención por el acampe), y desde el 2017 cumple su condena con arresto domiciliario luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara una sentencia en tal sentido y que fuera ordenada por la Corte Suprema de Justicia. La inquietud de Sala en los últimos años, según ella misma manifestó, tiene que ver con que su situación judicial "ha empeorado" porque tiene "más causas que las que tenía en 2019", y además porque hay otras por las que estarán yendo a juicio ella y otras personas por delitos de fraude o lavado de dinero. 

Lejos de ver con optimismo que algo pueda cambiar en su situación procesal, cuando en su espalda tiene un "sistema judicial persecutorio", la líder de la Tupac Amaru considera que mantenerla presa "le sirve" a Morales en época de campaña electoral, más aún cuando hoy está lanzado a la carrera presidencial por la UCR. Señaló más de una vez que, si en un juicio no recibe sentencia, "Morales hace lo que sea" para que después le dicten una "sí o sí", como pasó en el "Juicio de las bombachas" donde había resultado absuelta pero después le dieron dos años de prisión tras haber estado sentada "cinco días en el banquillo".