El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, dominado por funcionarios leales al presidente Nicolás Maduro, anunció que las elecciones presidenciales en ese país serán, finalmente, el próximo 22 de abril. Con esta medida, el Poder Electoral acata la solicitud hecha por la Asamblea Nacional Constituyente chavista de celebrar los comicios de forma anticipada, antes del 30 de abril.

Tibisay Lucena, presidente del Poder Electoral, que tenía mucho tiempo sin hacer comparecencias públicas, anunció además que la campaña electoral de los partidos que competirán se desarrollará entre el 2 y el 19 del mismo mes, en un brevísimo período que apenas abarca dos semanas.

El anuncio se ha hecho oficial casi inmediatamente después de que fracasaran las conversaciones entre el chavismo y la oposición venezolana, al no poder concretar ningún acuerdo satisfactorio. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, mediador de aquellos encuentros, declaró el proceso “pospuesto indefinidamente”. Dos días atrás, Tania D ´Amelio, rectora del CNE, había declarado que el organismo estaba “evaluando los distintos escenarios”, y “en sesión permanente” para anunciar la fecha de los comicios.

Parte medular de lo que estaban discutiendo las delegaciones del chavisimo y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consistía en acordar un marco razonablemente transparente para poder pactar una consulta electoral que tenga credibilidad.

La delegación chavista, presidida por el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, había consentido la emisión de una declaración genérica en la cual se admitía la presencia de observadores internacionales y se aludía a la importancia de un marco proselitista equilibrado y con garantías.

El chavismo se negó en todo momento a acordar unas elecciones que fueran después de abril, y en permitir el nombramiento de los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral, en virtud de que varios de los actuales, que han sido acusados reiteradamente de obrar para favorecer en todo momento a Nicolás Maduro, tenían además el período constitucional de su cargo cumplido.

Los dirigentes de la oposición, encabezados por Julio Borges, proponían que las elecciones debían ser, como mínimo, en el mes de junio, y exigieron a la delegación de Maduro que suscribiera un acuerdo en el cual quedara establecido cómo, y en cuáles plazos, iban a instrumentarse las medidas que garantizarían la igualdad de acceso a los medios televisados en materia de mensajes y spots televisivos; el veto al uso de los recursos públicos en la campaña y el comportamiento profesional y equilibrado de las Fuerzas Armadas el día de la consulta.