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La Justicia de Brasil confirmó la condena por corrupción de Lula da Silva

Asimismo decidió aumentar la pena a 12 años y un mes de prisión. De esta manera los tres jueces del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región de la ciudad de Porto Alegre ratificaron la sentencia del magistrado Sergio Moro.
JUEVES 08 DE FEBRERO DE 2018

Condenado ya en segunda instancia por corrupción, las posibilidades de que Luiz Inacio Lula da Silva pueda evadir la prisión y presentarse como candidato en las elecciones de octubre empiezan a evaporarse rápidamente. 

En las últimas horas, jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Supremo Tribunal Federal (STF) -cortes que representan las últimas esperanzas del expresidente brasileño- advirtieron que la Justicia no hará excepciones frente a las eventuales apelaciones del hasta ahora máximo favorito para los comicios.

"El que está condenado en dos instancias tiene su 'ficha sucia', y quien tiene 'ficha sucia' está fuera del juego democrático. Seremos irreductibles en la aplicación de la ley de ficha limpia", dijo anteanoche el magistrado Luiz Fux al asumir el cargo rotativo de presidente del TSE, máxima autoridad electoral de Brasil.

En julio pasado, en el marco de la operación Lava Jato, el juez federal Sérgio Moro halló a Lula culpable de corrupción y lavado de dinero por haber recibido un departamento de la constructora OAS a cambio de garantizar a la empresa contratos con Petrobras.

 El mes pasado, la condena fue ratificada por el Tribunal Regional Federal de la 4  región (TRF4), en Porto Alegre, y la pena original de nueve años y medio de cárcel fue ampliada a 12 años y un mes.

Mientras presenta los recursos disponibles ante el propio TRF4, la defensa de Lula pretende apelar la condena penal al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y al STF, bajo el argumento de que el departamento jamás estuvo a nombre del expresidente. 

Para evitar ser encarcelado no bien el TRF4 termine de analizar las aclaraciones pedidas, los abogados ya interpusieron recursos de habeas corpus preventivos tanto ante el STJ -rechazado- como ante el STF -en trámite-. Pero, más allá del proceso penal, la clave estará en qué decida el TSE cuando el Partido de los Trabajadores (PT) pretenda registrar la candidatura de Lula, en el período establecido entre el 20 de julio y el 5 de agosto.

 La llamada ley de ficha limpia (sancionada por el mismo Lula en 2010) prohíbe que una persona condenada en segunda instancia por un órgano colegiado se pueda presentar para un cargo público electivo. La defensa del máximo líder del PT adelantó que pedirá una excepción ante el TSE para que se permita registrar la candidatura de Lula mientras se agotan los recursos ante las instancias superiores. Pero el juez Fux ya cerró la puerta a esa posibilidad.

"La estricta observancia de la ley de ficha limpia se presenta como pilar fundamental de la actuación del TSE. La Justicia Electoral, como mediadora del sano proceso democrático, será inflexible en la aplicación de la ficha limpia", resaltó Fux, sin nombrar nunca a Lula, pero en un mensaje con claro destinatario.

Hoy, según las últimas encuestas, Lula es el candidato favorito para las elecciones, con entre 34 y 37% de las intenciones de voto. El resto de los aspirantes a la presidencia se ubican muy por detrás.

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