El presidente de Brasil, Michel Temer, intervino el estado de Río de Janeiro, al decretar que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad pública para actuar contra la violencia urbana, a la que calificó como una "metástasis que se desparrama por el país y amenaza la tranquilidad de la población". El decreto presidencial llega a horas de que terminara el Carnaval de Río de Janeiro, la mayor fiesta de masas de América latina.

   "El crimen organizado estuvo a punto de hacerse cargo de Río", advirtió Temer en la ceremonia de firma del decreto, en el Palacio del Planalto. La medida es la primera de este tipo desde el fin de la dictadura militar en 1985 y pone a los militares del ejército a cargo de la policía, los bomberos y los servicios de inteligencia del estado de Río de Janeiro. Sin embargo, bajo las presidencias de Lula da Silva era habitual que se enviaran a las tropas del ejército y la marina a intervenir en las favelas más violentas.

   El decreto necesita ser aprobado en diez días por el Congreso —donde el gobierno cuenta con amplia mayoría— y entrará en vigor la administración de seguridad del jefe del comando este del ejército, general Walter Souza Braga Neto, el mismo que actuó en la operación contra el delito en los Juegos Olímpicos Río 2016. El general Braga será el interventor en la seguridad de Río de Janeiro.

   El gobernador de Río, Luiz Fernando Pezao, del mismo partido de Temer, el Partido Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), reconoció que hubo fallas de seguridad en el último Carnaval apenas terminado el fin de semana, y que la policía apenas puede controlar a los grupos de narcotraficantes y las bandas que dominan las enormes favelas en los cerros de Río. Las escenas de asaltos masivos ("arrastos") durante el Carnaval contra turistas en barrios de alto nivel adquisitivo como Ipanema y Leblón llevaron al gobernador Pezao a admitir el fracaso de la planificación. Oara aumentar dramatismo, el alcalde de Río, Marcelo Crivella, se fue a Europa durante el feriado, en una señal más que da contra la fiesta este pastor evangélico.

   En su discurso, Temer, un abogado constitucionalista quien fue en los años noventa secretario de seguridad del estado de San Pablo, subrayó: "Esta es una medida extrema ante circunstancias extremas que lo exigen". "El gobierno federal dará respuestas duras, firmes y hará todo para enfrentar y derrotar al crimen organizado y a las bandas. No vamos a dejar que maten nuestro presente y que sigan asesinando nuestro futuro", dijo el jefe del Estado.

   Temer dijo que a partir de la intervención militar, "las Fuerzas Armadas y la policía estará en las calles, avenidas y en las comunidades" y también sostuvo que las prisiones "no serán más oficinas de los delincuentes ni las plazas públicas salones de fiesta del crimen".

   El gobernante también envió una señal a los mercados, debido a que cuando entra en vigor una intervención federal no es posible reformar la Constitución. Para ello, explicó que si el Congreso logra reunirse para aprobar la reforma jubilatoria, de rango constitucional, suspenderá la intervención federal mientras dure el trámite. La decisión fue tomada luego de que el gobernador de Río, Luiz Fernando Pezao, reconociera errores en su política de seguridad durante Carnaval, cuando se registró una ola de asaltos masivos.

    Temer se reunió con su gabinete anoche en el Palacio da Alvorada, la residencia presidencial, para tomar la decisión, la primera de este tipo desde que se aprobó la Constitución de 1988.

    Actualmente, hay militares patrullando las calles de Río de Janeiro como apoyo a los policías.

    Pero a partir de ahora, todo el sistema de seguridad estará a cargo del Ejército.

    Algunos analistas consideran esta medida política como parte de una posible plataforma electoral del propio Temer para las elecciones del 7 de octubre, mientras que desde la oposición, cuestionaron la decisión.

    "Sin votos para aprobar la reforma previsional, el gobierno cambia su agenda y aceptar intervenir en Río de Janeiro. La situación de seguridad es grave pero hay que estar alertas sobre la represión que puede venir contra movimientos sociales", dijo Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores.

    El senador Randolfe Rodrigues, de Rede, de la ambientalista Marina Silva, anunció que acudirá al Supremo Tribunal Federal para que considere ilegal la parte del decreto en la cual Temer puede suspender la intervención por un día para votar la reforma previsional. El jefe del ejército, general Eduardo Villas Boas, quien el año pasado había afirmado que los militares no podían hacerse cargo de la seguridad pública, escribió en Twitter que el interventor responderá directamente al presidente Temer y no al ejército.

    El ejército ganó un nuevo poder después del Carnaval: el miércoles fue designada esta fuerza armada como coordinadora en el estado de Roraima frente a la crisis del flujo de inmigrantes venezolanos.

    Antes del Carnaval, la fiscal general, Raquel Dodge, pidió al Supremo Tribunal Federal revisar la ley de amnistía de 1979, que impide juzgar por crímenes a los torturadores y asesinos de la dictadura (1964-1985). 

Fuente: La Capital