El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) dejó sin efecto la elección primaria presidencial de la oposición realizada el pasado 22 de octubre, en la que había sido electa como candidata de unidad María Corina Machado, tras suspender las distintas fases de ese proceso comicial luego de una denuncia por presunto fraude que interpuso el diputado opositor José Brito. Las internas para elegir al rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024 se celebraron de manera autogestionada el 22 de octubre y tuvieron una sorpresiva participación de 2,4 millones de personas y un triunfo arrasador para la liberal inhabilitada María Corina Machado, con 92% de los votos. 

Nicolás Maduro, su partido y el resto de las autoridades sostuvieron que la oposición infló las cifras y desconocieron el proceso, al que calificaron de "fraude". La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió un recurso de amparo contra la primaria introducido por el opositor disidente José Brito, diputado al Parlamento y tachado de colaboracionista del chavismo por el resto de los opositores. 

"Se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la 'comisión nacional de primarias'", señaló la sentencia publicada en la web de la máxima corte del país, reportaron las agencias Sputnik y AFP. 

En paralelo, el fiscal Tarek William Saab abrió una investigación y citó este lunes a declarar en calidad de "investigados" a Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias (CNP) y otros miembros de su equipo. 

Las primarias se realizaron cinco días después de que el gobierno y la oposición acordaron respeto a las primarias en una mesa de diálogo instalada en Barbados, donde además se decidió celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024 con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales. 

Estados Unidos, en respuesta, alivió por seis meses el embargo petrolero impuesto al país en 2019, pero lo condicionó a que se habiliten a opositores como Machado, algo que el chavismo ya descartó en varias declaraciones. De hecho, en su sentencia, el TSJ se refiere a Machado como "ciudadana inhabilitada de manera firme por 15 años", reafirmando una sanción impuesta en junio por supuesta corrupción y promover sanciones, que la oposición tacha de inconstitucional. 

Casal, su vicepresidenta Mildred Camero, y Roberto Abdul-Hadi, un suplente en la directiva, son interrogados por fiscales con competencia en "materia contra legitimación de capitales, delitos financieros y económicos", según la boleta de citación. La fiscalía investiga la presunta comisión de delitos de usurpación de la función electoral y de identidad, además de legitimación de capitales y asociación para delinquir. 

La Sala Electoral también advirtió sobre "la presunta comisión de ilícitos electorales y la presunta comisión delitos comunes". "No me siento mal, no tengo complejo de culpa. Lo que (el fiscal) dice es diferente a lo que hicimos en realidad, pero esas serán materias que se discutirán en el tribunal", dijo Camero a la AFP el jueves pasado. 

Miembros de las juntas regionales que organizaron las primarias en otros estados del país también fueron citados en sedes provinciales de la fiscalía. La primaria no contó con la asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, después de meses, finalmente propuso a último minuto posponer el evento un mes para poder organizarlas pero sin garantías de poder inscribir a candidatos inhabilitados, una condición de la oposición. 

El tribunal exigió además los "antecedentes administrativos, contentivos de las 25 fases que deben regir al proceso electoral", incluidos los cuadernos de votación, que la oposición insiste en mantener secretos para evitar represalias contra los participantes por parte del gobierno. 

Según refiere la agencia Telam, el chavismo ya publicó en el pasado una lista con los nombres de quienes firmaron para llamar a un referendo revocatorio entre 2003 y 2004 contra el expresidente Hugo Chávez (1999-2013). Hubo 'firmantes' despedidos de la administración pública o no contratados por antichavistas.