En una conferencia de prensa brindada este lunes en el Auditorio de Casa de Gobierno, la vocera provincial Virginia Coudannes y el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, brindaron detalles sobre el avance de las gestiones ante la Nación por la histórica deuda previsional con la provincia de Santa Fe.
El anuncio central fue el cierre de un convenio que se firmará formalmente este martes en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo estipula el envío de 10.000 millones de pesos mensuales a la Caja de Jubilaciones por el término de un año, abarcando desde mayo de 2024 hasta abril de 2027 inclusive.
Un alivio financiero clave
“Este acuerdo significa el triple en términos comparativos de lo que venía recibiendo el Gobierno anterior desde Nación, actualizado por inflación”, destacó la flamante vocera provincial, Virginia Coudannes. Para dimensionar la cifra, la vocera comparó que esos 10.000 millones equivalen a lo presupuestado para obras viales clave como la reparación de la AO-12 o licitaciones de gran escala de la EPE para mejora del tendido eléctrico.
La transferencia se realizará en concepto de “anticipo de capital”, sujeto a las auditorías de los ejercicios correspondientes. Respecto a los juicios que Santa Fe mantiene contra el Estado Nacional, se acordó una suspensión transitoria por 180 días en el marco de las negociaciones, aunque Coudannes aclaró enfáticamente: “No renunciamos al reclamo a la Nación”.
Defensa del sistema previsional propio
Por su parte, Jorge Boasso remarcó que este convenio es un “acto en defensa de los intereses de los santafesinos” y recordó la decisión histórica de la provincia de no transferir su caja a la órbita nacional. “Salvamos un sistema que es modelo en el país porque tiene las mejores jubilaciones y pensiones. Santa Fe decidió continuar con su sistema pero haciendo las modificaciones necesarias para que sea sostenible”, señaló.
El funcionario recordó que, si bien la Ley de Reparación Histórica de 2016 establecía que Nación debía cubrir el déficit de las 13 cajas no transferidas, los pagos se habían estancado o realizaban sin actualización. “A partir de la última etapa del gobierno de Alberto Fernández se dejó de hacer las transferencias y se acumuló una deuda que estimamos alcanza entre los 1,5 y 2 billones de pesos”, explicó Boasso.
Finalmente, las autoridades resaltaron que, gracias a las reformas impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro, hoy la Caja de Jubilaciones se encuentra en un proceso de saneamiento y ordenamiento, permitiendo que el sistema siga bajo control provincial y con haberes superiores a los del régimen nacional (ANSES).
Autor
