La implementación del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil volvió a poner en el centro de la escena la respuesta del Estado frente a los adolescentes que cometen delitos.
En su habitual columna en Amanecer no es poco, la abogada especialista en Derecho Penal Jaquelina Balangione retomó el tema desde otra perspectiva: la de las infancias y adolescencias que llegan al sistema penal después de haber atravesado abandono, violencia, falta de cuidados y otras formas de vulneración de derechos.
En continuidad con sus columnas anteriores, Balangione planteó que muchas de estas historias no comienzan cuando aparece un delito, sino mucho antes, en contextos en los que distintos mecanismos de protección no lograron dar una respuesta suficiente. Por eso, consideró que la discusión sobre la aplicación del nuevo régimen también debe preguntarse qué herramientas tiene el Estado para intervenir sobre esas trayectorias antes de que terminen en el sistema penal.
De la protección al sistema penal
Durante la entrevista, la especialista explicó que un niño puede llegar a la Justicia por distintos motivos: como víctima de violencia, abuso o abandono, a través de los dispositivos de protección; o posteriormente, a raíz de un hecho delictivo. Según señaló, en numerosos casos ambos recorridos terminan encontrándose.
Para explicar esa realidad, Balangione recuperó experiencias de su paso por la Justicia de Menores. Entre ellas, recordó a un joven que había conocido cuando era niño y que años después volvió a encontrarse con ella. En su infancia, el chico tenía reiterados contactos con el juzgado y atravesaba una situación de fuerte desprotección: no contaba con documentación, no tenía un domicilio estable ni una referencia familiar que pudiera sostener su crianza.
Hace pocos días, Balangione volvió a encontrarse con aquel joven, ya adulto. Durante ese reencuentro, el hombre le contó que había formado una familia y que estuvo trabajando como albañil, aunque recientemente había perdido ese empleo.
Para la especialista, su historia refleja cómo las situaciones de vulnerabilidad que atraviesan muchas infancias pueden prolongarse en el tiempo y condicionar sus trayectorias, aunque también pueden encontrar oportunidades para construir otros caminos.
Además, relató también otros casos de adolescentes que conoció desde pequeños y cuyas vidas estuvieron atravesadas por distintas situaciones de vulnerabilidad. En algunos de esos recorridos, los chicos que habían ingresado al sistema de protección terminaron años después privados de su libertad.
“Son chicos que son caídos del sistema”, resumió.
La frase condensó el eje de su planteo: detrás de muchas de las trayectorias que posteriormente llegan al sistema penal existen historias de vulneración de derechos que requieren una intervención estatal mucho más amplia que la respuesta frente al delito.
“Nosotros como Estado tenemos que ver qué podemos hacer para que ese problema termine”, remarcó.
“Las garantías no están a favor de los delincuentes”
En lo que refiere a la construcción del discurso en torno a la justicia penal juvenil, Balangione cuestionó la utilización de distintos conceptos y argumentos que aparecen en el debate público y se detuvo especialmente en el uso de la expresión “garantismo bobo” por parte del gobernador. En este punto advirtió que esa mirada puede instalar una falsa oposición entre el respeto de las garantías y la necesidad de dar respuestas frente al delito.
Para la especialista, las garantías no implican dejar de actuar ni favorecer a quienes cometen un delito, sino establecer límites para el ejercicio del poder del Estado. “Las garantías no están a favor de los delincuentes, las garantías están a favor de la población en general”, sostuvo.
En ese marco, Balangione planteó que el debate no debería reducirse a una oposición entre quienes quieren actuar frente al delito y quienes supuestamente buscan impedirlo. A su entender, la discusión sobre la justicia penal juvenil también debe contemplar qué hace el Estado con los chicos antes de que lleguen al sistema penal y qué recursos pone a disposición para acompañar esas trayectorias.
“Antes no es que no se hacía nada”, aclaró al referirse a los adolescentes que no eran punibles. Según explicó, esos chicos llegaban a los juzgados y podían atravesar dispositivos de protección e institutos de puertas abiertas. El problema, advirtió, es que la ampliación del alcance del sistema penal no vino acompañada de una estructura equivalente para afrontar esa nueva demanda.
“No hablemos de garantismo bobo, no hablemos de que no tenemos que hacer nada porque ya el Estado tiene todo, porque no es así”, remarcó.
La especialista también puso el foco en las condiciones concretas de los lugares de alojamiento y en el funcionamiento de la defensa pública, a la que atribuyó un rol que excede la representación legal de los adolescentes. Señaló que debe existir un monitoreo efectivo de los espacios de encierro y un control sobre las condiciones en las que se encuentran los jóvenes.
Además, se refirió a la justicia restaurativa, uno de los mecanismos contemplados por la nueva normativa. Balangione advirtió que su incorporación en la ley no garantiza por sí sola su aplicación efectiva y que serán necesarias instituciones, equipos y recursos para ponerla en práctica.
“Con una varita mágica o con que esté escrito en la ley, eso no se va a implementar”, afirmó.
Finalmente, para la especialista el verdadero desafío estará en que la nueva normativa pueda traducirse en políticas y herramientas concretas capaces de acompañar a infancias y adolescencias, especialmente a quienes llegan a la Justicia después de atravesar historias de vulneración.
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