La muerte de Jeremías Monzón no sólo dejó una familia destrozada y una ciudad conmocionada. También volvió a exponer, con crudeza, una serie de fallas estructurales que la Argentina viene arrastrando desde hace años y que ningún gobierno logra –o se anima– a enfrentar de fondo. Un chico asesinado por otros chicos. Un video que se filtra y se viraliza. Un sistema judicial atado de manos. Una política que reacciona tarde y mal. Y una sociedad que oscila entre el dolor, la bronca y el pedido desesperado de “que algo cambie”.
El crimen ocurrió el 18 de diciembre en un predio abandonado frente a la cancha de Colón. Tres adolescentes están implicados: dos de 14 años, no punibles, y una chica de 16, que permanece detenida en un centro de menores en Rosario. Los dos menores recuperaron la libertad. El Estado provincial anunció que hará un seguimiento de su situación. Para la familia de Jeremías, eso suena a consuelo vacío.
Como si la tragedia no fuera suficiente, en las últimas horas se sumó un nuevo golpe: la viralización del video del crimen. La querella exige explicaciones. “Queremos saber si esto salió de algún lugar oficial o si fue una viralización que se dio antes de que se secuestren los teléfonos celulares”, dijo el abogado Bruno Rugna. La pregunta no es menor. Si hubo una filtración desde algún ámbito institucional, estamos frente a una gravedad adicional: no sólo se vulneró la investigación judicial, sino también la dignidad de la víctima y el derecho de su familia a no revivir el horror una y otra vez en redes sociales.
La lógica del morbo digital, amplificada por algoritmos y pantallas, transforma tragedias reales en contenido descartable. En nombre de la “información”, se difunden escenas que nadie debería ver y que nada aportan a la búsqueda de justicia. Hay responsabilidades que exceden a la Justicia: también interpelan a los medios, a las plataformas y a cada usuario que comparte sin pensar.
El caso sumó otra capa aún más perturbadora: la detención de la madre de la novia de Jeremías. El fiscal Francisco Cecchini ordenó su arresto ante la hipótesis de que “pudo haber actuado como autora intelectual o haber brindado colaboración necesaria para la ejecución del hecho”. Es decir, no sólo hay menores involucrados, sino también un adulto que pudo haber pensado, facilitado o habilitado el crimen.
Pero el núcleo más incómodo del caso Jeremías está en otro lado: en la edad de los involucrados y en la respuesta –o la falta de respuesta– del Estado. Dos de los acusados tienen 14 años. No son punibles. No van a prisión. No enfrentarán un proceso penal tradicional. Volvieron a sus casas. Volvieron, en palabras simples, a sus vidas habituales.
¿Es eso justo? ¿Es suficiente? ¿Protege a la sociedad? ¿Protege a esos propios chicos de sí mismos?
Patricia Bullrich volvió a pedir la baja de la edad de imputabilidad. Javier Milei compartió su mensaje. El propio gobernador Maximiliano Pullaro afirmó que “deben ser juzgados por el delito cometido y no por la edad” y agregó que el Código Penal quedó desfasado frente a los cambios en la realidad social y criminal. El tema entró de lleno en la agenda nacional. Como casi siempre, la discusión se polariza: de un lado, quienes reclaman castigo y mano dura; del otro, quienes advierten sobre los riesgos de criminalizar la infancia. Entre esos dos extremos, la realidad sigue produciendo víctimas.
Miriam Monzón, tía de Jeremías, lo dijo con una mezcla de dolor y lucidez: “Esto no puede seguir pasando. Hay vidas en riesgo y no hay límites”. Su reclamo no se queda sólo en el castigo. Pide una ley que piense en las familias, en los chicos y en los docentes. Pide cambios estructurales. Pide algo más profundo que un parche punitivo.
Porque el problema no empieza el día del crimen. Empieza mucho antes. Empieza en hogares atravesados por la violencia, en escuelas desbordadas, en barrios sin oportunidades reales, en Estados ausentes o que llegan tarde. Empieza cuando un chico de 14 años naturaliza la crueldad, la humillación y la muerte. Empieza cuando nadie interviene a tiempo.
Bajar la edad de imputabilidad puede ser una respuesta política rápida, útil para los titulares y las redes. Pero por sí sola no resuelve nada. Ni evita futuros crímenes. Ni repara a las víctimas. Ni ofrece un camino distinto a los menores que ya están en conflicto con la ley. Lo que sí hace es correr el límite: hoy 14, mañana 13, pasado 12. Siempre un poco más abajo.
Eso no significa negar el problema. Al contrario. Significa asumirlo en toda su complejidad. ¿Qué dispositivos reales tiene hoy el Estado para intervenir con chicos violentos no punibles? ¿Cuántos equipos interdisciplinarios existen? ¿Qué seguimiento efectivo se hace? ¿Qué recursos hay para las familias? ¿Qué rol juegan las escuelas? ¿Qué pasa después de que un menor mata a otro menor y vuelve a su casa como si nada?
El caso Jeremías deja al descubierto que las respuestas son escasas, fragmentadas y débiles. Y que la sociedad, mientras tanto, queda atrapada entre el miedo y la impotencia.
También deja otra enseñanza: la tentación de politizar el dolor. La propia familia pidió que el caso no se convierta en una bandera partidaria. Sin embargo, ya lo es. Cada dirigente que opina sin proponer soluciones de fondo contribuye a ese ruido. Cada mensaje simplista suma confusión.
La pregunta que debería guiar el debate no es sólo “qué castigo merecen”, sino “qué sociedad estamos construyendo” y “qué hacemos para que esto no vuelva a pasar”. Porque Jeremías ya no vuelve. Y nada, absolutamente nada, va a reparar ese vacío.
Exigir justicia es legítimo. Pedir límites también. Pero si la respuesta se agota en endurecer leyes sin invertir en prevención, contención y acompañamiento, lo único que cambia es el número de la próxima víctima.
El video viral, la prisión de una chica de 16 años, la libertad de dos chicos de 14, los posteos de ministros y presidentes, todo eso es parte de una misma escena: un país que reacciona siempre después, nunca antes.
Tal vez el verdadero homenaje a Jeremías no sea sólo un pedido de castigo, sino un compromiso colectivo para que ningún otro chico termine así. Para que ningún otro padre, madre o tía tenga que suplicar respuestas frente a una tumba.
La pregunta final no es jurídica. Es ética y política en el sentido más profundo: ¿hasta cuándo vamos a seguir corriendo el límite sin hacernos cargo del abismo que dejamos atrás?
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