Mientras la Patagonia arde, el Estado nacional mira para otro lado. No es una metáfora ni una exageración retórica: es una constatación política y presupuestaria. Los incendios forestales que avanzan sobre la Comarca Andina de Chubut, con miles de hectáreas de bosque nativo destruidas, viviendas arrasadas, animales muertos y comunidades enteras en vilo, exponen con crudeza una decisión de gobierno que ya no admite eufemismos. El ajuste también prende fuego.
El Presupuesto 2026 enviado por el gobierno de Javier Milei consolida un recorte del 78,5% en términos reales para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) respecto de 2025 y del 69% en relación a 2023. No se trata solo de una cifra en una planilla: se trata de menos brigadistas, menos equipamiento, menos aviones hidrantes, menos prevención y menos capacidad de respuesta frente a emergencias que, lejos de disminuir, se intensifican año tras año.
La escena se repite, pero con un agravante: no es solo desidia o ineficiencia, es una política deliberada de retiro del Estado. En 2024, el propio gobierno ejecutó apenas el 22% del presupuesto asignado al SNMF, pese a que fue el año con mayor cantidad de incendios forestales desde 2016. En 2025, la historia volvió a escribirse con la misma tinta: quedó sin ejecutar el 25% de las partidas, casi 20 mil millones de pesos que podrían haber sido destinados a infraestructura, capacitación y mejores condiciones laborales para quienes combaten el fuego en la primera línea.
El contraste es brutal. Mientras las llamas avanzan empujadas por la sequía, el viento y el cambio climático, la respuesta estatal retrocede. Y no por desconocimiento. Las advertencias están sobre la mesa desde hace años: la Argentina es un país altamente vulnerable a los incendios forestales, especialmente en regiones como la Patagonia, el Litoral y el centro del país. Santa Fe lo sabe bien. Basta recordar los incendios en las islas del Delta del Paraná, donde durante años el humo cubrió ciudades enteras sin que hubiera una respuesta coordinada y eficaz.
El caso patagónico es hoy el espejo en el que deberían mirarse todas las provincias. Porque cuando el Estado nacional se retira, la carga recae sobre los gobiernos locales, los municipios, los bomberos voluntarios y las comunidades. Y ahí aparece otro dato incómodo: la desigualdad territorial. No todas las provincias tienen la misma capacidad económica ni logística para enfrentar catástrofes ambientales de esta magnitud. El federalismo declamado se diluye cuando los recursos no llegan.
El gobierno libertario sostiene que la reducción del gasto es una condición necesaria para ordenar la macroeconomía. Pero el incendio patagónico demuestra que no todo gasto es igual. Recortar en prevención ambiental y en manejo del fuego no es eficiencia: es irresponsabilidad. No invertir hoy implica pagar mucho más mañana, en reconstrucción, asistencia social, pérdida de biodiversidad y daños irreversibles sobre ecosistemas que tardan décadas —cuando no siglos— en recuperarse.
Más grave aún es la intención oficial de derogar la Ley de Manejo del Fuego, una norma que establece límites al cambio de uso del suelo tras los incendios. En criollo: impide que un terreno incendiado sea rápidamente reconvertido para negocios inmobiliarios o productivos. Derogar esa ley no solo debilita la protección ambiental, sino que envía una señal peligrosa en un país donde el fuego muchas veces no es una tragedia natural, sino una herramienta de especulación.
Las organizaciones ambientalistas que levantan la voz, lo hacen con evidencia. Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, Abogados Ambientalistas y otras entidades coinciden en el diagnóstico: el Estado nacional está abandonando una política pública esencial. Y lo hace en un contexto global donde el cambio climático ya no es una discusión académica, sino una realidad palpable.
Desde Santa Fe, la distancia geográfica no debería traducirse en indiferencia. La Patagonia hoy, el Litoral mañana. El fuego no reconoce fronteras políticas ni discursos de campaña. La pregunta que queda flotando es incómoda pero necesaria: ¿qué modelo de país se construye cuando se decide ahorrar allí donde se pone en riesgo la vida, el ambiente y el futuro?
El drama patagónico no es solo una tragedia ambiental. Es una advertencia política. Un Estado que se corre del manejo del fuego es un Estado que renuncia a una de sus funciones básicas: cuidar a su gente y su territorio. Y cuando el Estado se retira, el fuego avanza. Siempre.
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