La Gendarmería Nacional Argentina cerró el expediente administrativo que investigaba la actuación de sus efectivos durante la represión frente al Congreso del 12 de marzo, donde el fotógrafo Pablo Grillo resultó gravemente herido por el disparo de una pistola lanzagases.
El sumario concluyó sin formular ningún reproche disciplinario, y permitió que el cabo Héctor Guerrero, quien efectuó el disparo, siga en funciones.
El informe interno catalogó el disparo, que dejó a Pablo al borde de la muerte, como “hecho fortuito“, producto de la “mala visibilidad” y de la “imprudencia de la víctima” por haberse ubicado “en la línea de tiro”. En otras palabras, lo culpan por haber sido herido.
Investigación exprés
El 17 de marzo, cinco días después de los hechos y en medio de la presión mediática, el Comandante de Región I, Marcelo Porra Melconian, ordenó iniciar la Información Administrativa N° 01/25 para “corroborar o desvirtuar responsabilidades disciplinarias del personal del Destacamento Móvil 6”, en el marco de las órdenes de servicio 659 y 660/25.
El mismo día designó al Comandante Mayor Adrián Barressi como sumariante. El 18 de marzo, apenas 24 horas después de su designación, Barressi presentó su “informe final”, basado exclusivamente en declaraciones de personal de la fuerza.
¿Qué dice la conclusión? El comandante determinó que no existía reproche disciplinario alguno, lo que significa que el cabo Guerrero continúa en funciones.
La reapertura que no cambió nada
Tras la reapertura del expediente el pasado 25 de abril, ante requerimientos de la justicia penal, se incorporaron nuevas pruebas: declaraciones ampliadas, nómina de personal, partes médicos y pericias sobre la mecánica del hecho.
Sin embargo, el 29 de abril, Gendarmería volvió a cerrar la investigación con las mismas conclusiones: ningún efectivo actuó fuera del protocolo.
Guerrero nunca fue apartado ni suspendido, su única declaración fue ante un superior de Gendarmería, en el marco del expediente interno: dijo que disparó “al suelo“, que no vio a nadie herido, y que se enteró de lo ocurrido por los medios días después.
No hubo repreguntas. No declaró ante la Justicia. Nunca dio explicaciones frente a la familia de Pablo, ni mostró arrepentimiento.
“Una investigación hecha para encubrir“
La familia Grillo -querellante en la causa penal- junto a organizaciones sociales como el CELS y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, advirtieron que el sumario presenta “múltiples falencias” que comprometen la seriedad y objetividad de la investigación interna.
“Lejos de constituir un proceso orientado al esclarecimiento de los hechos, el trámite interno fue una mera formalidad diseñada para avalar el accionar de los efectivos y encubrir conductas que pusieron en peligro la vida de los manifestantes”, denunciaron los equipos jurídicos.
Uno de los puntos más graves es que se trasladó la responsabilidad del disparo a la propia víctima. Se calificó desde el inicio como un accidente, sin analizar la prohibición expresa del reglamento de disparar horizontalmente con pistolas lanzagases.
Cadena de responsabilidades
El comandante del operativo, Néstor Germán López, también avaló el accionar del escuadrón y negó haber observado irregularidades. Dijo que los manifestantes heridos no llevaban credenciales de prensa visibles y que todas las órdenes fueron impartidas por el Comando Unificado, en coordinación con el Ministerio de Seguridad.
El manual de uso de la pistola lanzagases establece claramente que los disparos horizontales están prohibidos por su potencial de causar heridas graves o la muerte. A pesar de esto, las autoridades de Gendarmería eligieron creer únicamente los relatos de sus subordinados, según denunció la querella.
La familia exige que la Justicia Federal avance en la causa penal, que Guerrero sea imputado y suspendido, y que se investigue el encubrimiento dentro de la Gendarmería.
Mientras Pablo Grillo lucha todos los días por recuperar su vida, la fuerza responsable de su estado lo ignora, lo revictimiza y lo responsabiliza.
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