La Brigada de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del Ministerio de Seguridad Provincial realizó este jueves dos allanamientos en calle Laprida al 1300 y en la sede de la empresa Guardatti Torti S.A, en el piso 13 de Av. Madres Plaza de Mayo al 3000 de la ciudad de Rosario.
Los agentes incautaron una computadora all in one marca Lenovo y una caja con documentación de interés para la causa que investigan y dos pendrive.
La semana pasada, el juez Hernán Postma dictó 90 días de prisión preventiva para los empresarios Juan Carlos Guardati y Ángel Torti tras una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal
Lo que detectaron los fiscales fue que Guardati y Torti habían firmado dos convenios con sendos acreedores del concurso que transita la firma desde enero de 2020, cuando dejó sin respuesta a más de 150 ahorristas que habían abierto cuentas comitentes en la empresa GyT y cuyos fondos desaparecieron de un día para el otro.
Interviene el Área Económica de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del M.P.A (Ministerio Publico de la Acusación a cargo del Dr. Sebastián Narvaja.
Cruce entre el Juez Beltramone y el Fiscal Narvaja
El fiscal del área de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sebastián Narvaja, pidió en octubre del año pasado(2021) la recusación del juez camarista Javier Beltramone de la investigación penal contra la agencia de Bolsa y corredora de granos Guardati Torti “invocando la existencia de condiciones objetivas que justifican la existencia de temor fundado de falta de imparcialidad y que indican favoritismo, predisposición y prejuicio”.
Narvaja sostiene que Beltramone toma decisiones sólo para beneficiar a los directores de GYT supuestamente por los lazos políticos y de amistad que tienen con abogados defensores de la empresa.
El Juez Javier Beltramone, de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la 2° circunscripción, responde a esta recusación, refiriéndose a que hay “tergiversación de los hechos y afectación a la autonomía e independencia judicial” y acusa al fiscal Narvaja de montar “un operativo de prensa con publicaciones de contenido engañoso” y de hecho asegura enterarse de las acusaciones primero a través de los medios, es decir, antes que en el ámbito judicial. Ante esta situación, aprovechó para recordar un pedido por parte del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Judicial Nro. 2 de Rosario, donde advierten que en la relación entre el MPA y los medios existe “una falta de reglamentación específica que dificulta la publicidad de las investigaciones”.
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