Desde fines del mes de octubre, los trabajadores del frigorífico Euro ubicado en la localidad de Villa Gobernador Gálvez -al sur de la capital santafesina- atraviesan un profundo conflicto laboral -con despidos, retiros forzados y salarios impagos-, que derivó en la paralización total de la planta.
Actualmente, un grupo de empleados -con sus familias- viven dentro de la planta para evitar su vaciamiento, reclamar el pago de sueldos atrasados y la reactivación de la producción y, en muchos casos, porque no pueden hacer frente a los gastosde alquiler de las viviendas, “la gente ya no puede pagar los alquileres, no puede pagar las cuentas y se viene a instalar acá en la fábrica”, se lamentó.
Salarios impagos, despidos y planta paralizada
En diálogo con LT9, Hugo Carril -delegado de los trabajadores- explicó que arrastran este conflicto desde hace aproximadamente un año. En 2025 la empresa pasó de tener 450 empleados a solo 150, tras una serie de despidos y “retiros voluntarios” a los que calificó como obligatorios.
“Te llamaban y te decían que tenías que renunciar porque no iba a haber trabajo”, relató.
Además, sostuvo que hubo despidos con causas que catalogó como “inventadas” y que la empresa dejó de pagar salarios desde el mes de octubre, acumulando deudas correspondientes a octubre, noviembre, diciembre, el aguinaldo y lo que va de enero.
Toma de la planta y familias viviendo dentro del frigorífico
Ante el abandono de la empresa y el retiro de maquinaria y mercadería, los trabajadores decidieron ocupar la planta hace 76 días.
“La tomamos para cuidar lo que queda”, explicó el delegado y seguidamente detalló que actualmente unas 15 familias viven dentro del frigorífico, algunas con niños, debido a que no pueden afrontar alquileres ni gastos básicos.
Para subsistir, los trabajadores organizan un fondo de lucha y realizan distintas actividades dentro del predio, además de recibir ayuda solidaria de gremios, organizaciones y vecinos.
Señalamientos al grupo inversor y reclamo al Estado
El frigorífico pertenece al grupo inversor Alimey, con sede en Buenos Aires, que tomó control de la empresa en 2022 tras una deuda del dueño anterior.
Carril afirmó que nunca tuvieron contacto presencial con los responsables y que las conversaciones se dieron únicamente por videollamadas en audiencias del Ministerio de Trabajo de la provincia.
“Es una empresa que puede producir, tiene mercado, materia prima y mano de obra. El problema es empresarial”, aseguró.
Finalemente, aseguró que los trabajadores le reclaman al grupo inversor que dé un paso al costado para avanzar en una cooperativa o permitir que otros empresarios se hagan cargo de la planta.
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