El Senado de la Nación aprobó en la madrugada del 12 de febrero el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, en una sesión que se extendió por más de 13 horas y terminó con una votación de 42 a 30 a favor.
La iniciativa, que ahora se traslada a la Cámara de Diputados para su tratamiento, forma parte de la agenda económica de 2026 y propone modificaciones profundas al régimen laboral vigente, incluyendo la ampliación de la jornada de trabajo, cambios en la negociación colectiva, nuevas reglas para indemnizaciones y límites al derecho de huelga, medidas que generaron protestas y fuerte rechazo sindical y opositor en las calles y en el propio Congreso.
En diálogo con Hora de Arrancar, la abogada laboralista y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Dra. Marta Felperín, cuestionó con firmeza la reforma laboral aprobada en el Senado y aseguró que el texto “es derogatorio del derecho del trabajo” y “aniquila derechos conquistados durante años”.
La especialista sostuvo que, si el objetivo era modernizar la legislación, se podrían haber incorporado nuevas categorías o modalidades laborales.
Felperín advirtió además que la norma presenta “una técnica legislativa deficiente”, con artículos “alambicados y de difícil interpretación”, lo que -según señaló- obligará a una revisión judicial de varios puntos.
“Es violatoria de la Constitución Nacional y de convenios internacionales de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) todo esto es impugnable”, remarcó.
Cambios en indemnizaciones y jornada laboral
Entre los aspectos que generan mayor preocupación, la abogada mencionó las modificaciones en la jornada laboral y el sistema de horas extras. Explicó que se habilita la posibilidad de trabajar hasta 12 horas diarias bajo la modalidad de banco de horas, sin el pago tradicional de horas extra.
“El primer reclamo histórico del movimiento obrero fue la reducción de la jornada a ocho horas. Esto implica un retroceso”, advirtió.
También cuestionó los cambios en la base de cálculo de las indemnizaciones y la exclusión de determinados conceptos salariales, así como la posibilidad de implementar un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que -según la lectura preliminar del texto- sería opcional para las empresas.
Servicios esenciales y derecho de huelga
Otro de los puntos más críticos señalados por Felperín es la ampliación de los servicios considerados esenciales, lo que impacta directamente en el derecho de huelga.
“El servicio esencial es una categoría restrictiva que sólo puede aplicarse cuando está en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población. Acá se amplía de manera indebida y se fijan porcentajes mínimos de prestación que, en los hechos, limitan el derecho de huelga”, explicó.
Además, cuestionó las restricciones a las asambleas en los lugares de trabajo, al exigir notificaciones previas y autorizaciones, lo que consideró contrario a la libertad sindical.
Judicialización y empleo
Felperín descartó que la reforma genere más puestos de trabajo y citó informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que concluyen que la flexibilización laboral no crea empleo.
“Las leyes laborales no generan empleo. La experiencia internacional demuestra que la flexibilización sólo implica pérdida de derechos”, afirmó.
Finalmente, anticipó que la norma abrirá un escenario de judicialización: “Todo esto será materia de impugnaciones. Pero mientras tanto, los derechos ya están siendo afectados”.
El proyecto ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados y en oficialismo intentará aprobarlo en los próximos días.
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