La diputada provincial Lucila De Ponti presentó un proyecto para crear herramientas de asistencia para las pequeñas y medianas empresas del sector industrial con el fin de sostener su nivel de producción y mantener su planta de personal.
Entre los requisitos para obtener estos beneficios, las empresas deberán tener el certificado MiPyME vigente emitido por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento; y acreditar una disminución de al menos 30% en la facturación mensual durante los meses de enero, febrero y marzo, tomando como base los mismos períodos del año 2023.
Además, deberán acreditar que no ha realizado desvinculaciones de personal sin justa causa, o por falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor, durante los tres meses previos a la solicitud del beneficio.
Entre los beneficios que propone el proyecto de De Ponti, se enumeran el reintegro del 15% de las Contribuciones Patronales – Ley Nº 24.241 por trabajador durante el plazo de vigencia de la presente; y la bonificación del 30% de la tasa para el descuento de cheques de pago diferido por un monto máximo de $20.000.000 y por un plazo de hasta 360 días, tanto propios como de su cartera de clientes, con el fin de utilizarse para financiar el capital de trabajo. También promueven créditos subsidiados a ser utilizados en capital de trabajo.
El proyecto de la diputada del PJ plantea también la creación de un Fondo de Asistencia a la Pequeña y Mediana Industria, con el objetivo de financiar y atender las erogaciones que demande la ley. Este Fondo constituirá con la suma de 20.000 millones de pesos.
“Consideramos que no es posible el desarrollo de nuestro país sin una industria pujante, que genere nuevas innovaciones, que gane nuevos mercados, con más empleos y mejores salarios. La historia argentina ha demostrado que es muy difícil reactivar una línea de producción que se frena y reabrir una fábrica que cierra. La pérdida de unidades productivas significa una pérdida de aprendizajes sociales sobre la producción y de conocimientos sobre los mercados que es difícil de recuperar. Pero también significa la pérdida de numerosos puestos de trabajo, muchos de ellos con mucha antigüedad, de familias que se quedan sin un sustento en un contexto donde el costo de vida crece sostenidamente desde hace 9 meses. Es por esto que consideramos que el Estado provincial debe intervenir decididamente ante este contexto de crisis para evitar el cierre de fábricas y la pérdida de empleos. Es por ello que con el presente proyecto de ley pretendemos brindar herramientas para proteger a las pequeñas y medianas empresas y a sus trabajadores, de forma extraordinaria y temporal” sostuvo la diputada De Ponti en los fundamentos del proyecto.
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