Por iniciativa de la concejala Jorgelina Mudallel y el concejal Jorge Fernández acompañados por Violeta Quiroz, Pedro Medei y Gastón Restagno se presentó un proyecto para solicitar al Tribunal de Cuentas Municipal la realización de una auditoría integral sobre el nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM). Los concejales buscan evaluar si el reciente modelo de concesión resulta económicamente conveniente para la ciudad y si los mecanismos de recaudación y distribución de recursos se ajustan a criterios de transparencia.
La iniciativa plantea una auditoría técnica, jurídica y económico-financiera del sistema adjudicado a la firma Electromecánica Tacuar S.R.L., con el objetivo de evaluar el proceso de licitación, las condiciones contractuales, los mecanismos de recaudación y el impacto económico para la ciudad.
El pedido se da en un contexto de cuestionamientos previos al proceso de implementación del sistema. Durante el tratamiento de la licitación, los concejales ya habían advertido sobre posibles irregularidades, falta de información y un esquema que trasladaba el control operativo y parte de la recaudación a un actor privado.
En ese marco, también se habían señalado falencias en el diseño del sistema, la ausencia de respuestas oficiales sobre el destino de los fondos y la falta de garantías respecto de los mecanismos de control y fiscalización.
Además, se cuestionó la eliminación total de los medios de pago analógicos, lo que convierte al acceso digital en una condición obligatoria para el uso del sistema, generando dificultades para amplios sectores de la población.
A esto se suma el impacto económico del nuevo esquema, con aumentos atados al precio de los combustibles, “con el nuevo sistema, el estacionamiento medido, podrá aumentar entre el 40% y el 100% del valor del litro de nafta. Es decir, con la nueva implementación, hoy se incrementaria tres veces más el valor del SEOM para los usuarios como mínimo.
Como advertimos cuando votamos en negativo a los pliegos del ejecutivo que establece estas modificaciones: no es un sistema para ordenar la ciudad. Es una medida con una mayor carga sobre el bolsillo de los vecinos” aseguró Mudallel y manifestó “ dudas sobre el destino final y uso de los recursos recaudados”.
“Estamos ante un sistema que fue presentado como una modernización, pero que en la práctica genera más dudas que certezas. Por eso pedimos una auditoría integral que permita saber con claridad cómo se adjudicó, cómo funciona y a dónde van los recursos”, sostuvo la concejala Jorgelina Mudallel.
Asimismo, remarcó que “cuando se trata de un sistema que regula el uso del espacio público y recauda dinero de los vecinos, el control tiene que ser mayor, no menor”.
Por su parte, el concejal Jorge Fernández señaló que “durante todo el proceso advertimos que se estaba avanzando en un esquema con escasa transparencia, sin respuestas claras y con condiciones que no necesariamente favorecen al municipio”.
“En su momentos nos opusimos a una licitación hecha a medida, pedimos que las motos queden exentas, nos opusimos a que paguen las motos, pedimos beneficios para frentistas y un fondo para obras de seguridad vial.También pedimos saber, qué hacen con la recaudación del SEOM y ponerles un límite a los aumentos” expresó Fernandez.
Desde el bloque señalaron que la auditoría es una herramienta clave para determinar si el modelo de concesión resulta conveniente para la ciudad, si los mecanismos de recaudación son transparentes y si el sistema respeta los derechos de los usuarios.
El proyecto también cuestiona la eliminación de los mecanismos de pago tradicionales y las medidas previstas para garantizar el acceso al sistema frente a la brecha digital.
Los concejales proponen restituir la Comisión Especial de Seguimiento del SEOM, con participación de todas las fuerzas políticas y organismos técnicos, entendiendo que la eliminación de estos espacios de control representa un retroceso institucional. La eliminación de la Comisión Especial de Seguimiento representa, en este sentido, un retroceso significativo. En lugar de fortalecer los mecanismos de control político e institucional sobre un servicio concesionado, la nueva estructura reduce los espacios de fiscalización democrática.
“Santa Fe necesita un sistema que ordene, pero también que sea justo y transparente. No puede ser que cada cambio termine impactando siempre en el bolsillo de los vecinos sin que sepamos cómo se toman esas decisiones”, concluyó Mudallel.
Autor
