El Concejo Municipal aprobó, en la sesión de este jueves, un proyecto de comunicación del concejal Jorge Fernández (PJ), con coautoría de la concejala Jorgelina Mudallel (PJ), en el que se solicita al Ejecutivo Municipal gestionar ante las autoridades nacionales la reapertura de la oficina del Registro Nacional de Armas (RENAR) en Santa Fe —organismo que funcionó bajo la órbita de la ex Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).
El proyecto pide, asimismo, gestiones para la implementación efectiva del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego en la región.
“La ausencia de una sede operativa del RENAR en la ciudad impacta directamente en la política de control de armas y en la implementación de programas como el de Entrega Voluntaria, que ha demostrado ser una herramienta eficaz para retirar armas de circulación. Sin estos instrumentos, se pierde una línea concreta de intervención para reducir riesgos y limitar la disponibilidad de armas en la sociedad”, manifestó Fernández.
En esa línea, sostuvo que “este proyecto busca recuperar capacidades que el Estado no puede resignar: una oficina del RENAR en Santa Fe facilita los trámites, mejora los controles y fortalece la presencia institucional en una materia especialmente sensible. La seguridad se construye con políticas sostenidas, con regulación y con control efectivo sobre la circulación de armas”.
En los fundamentos se señala que la sede local del RENAR no solo atendía demandas de la capital provincial y el centro-norte de la provincia, sino que operaba como punto de referencia para toda la región del Litoral, con alcance sobre Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.
Respecto del Programa de Entrega Voluntaria, los autores destacan que constituye “una de las herramientas más relevantes del Estado argentino para reducir la cantidad de armas en circulación”. Desde su implementación, permitió retirar una cantidad significativa de armas y municiones —muchas en condiciones inadecuadas de almacenamiento o sin registración—, disminuyendo riesgos asociados a conflictos interpersonales, hechos delictivos y accidentes domésticos.
“La decisión de desarticular capacidades estatales en materia de control de armas no solo debilita herramientas concretas de prevención, sino que transmite un mensaje equivocado en contextos donde la violencia armada exige más Estado y mayor presencia institucional. Cuando el Estado se repliega en áreas sensibles, no se genera vacío: se amplifican los riesgos y se deteriora la capacidad de respuesta frente a fenómenos complejos”, concluyeron.
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