El Gobierno de Santa Fe ya desembolsó más de 100 millones de pesos en recompensas destinadas a aportar información clave en investigaciones penales y capturas de prófugos de alto perfil. La herramienta comenzó a cobrar mayor relevancia dentro de la política de seguridad provincial durante los últimos dos años.
El sistema fue utilizado en causas vinculadas a homicidios resonantes y permitió avanzar en detenciones de personas buscadas por distintos hechos criminales en Rosario y otras ciudades de la provincia.
Desde la administración provincial señalaron que el objetivo ahora es ampliar el alcance del programa y estudiar un esquema de recompensas para incentivar la entrega voluntaria de armas de fuego.
Recompensas para investigaciones y capturas
En total, la provincia concretó cerca de diez pagos por información considerada relevante en investigaciones judiciales. Algunas recompensas fueron abonadas de manera parcial, ya que el monto final depende de la utilidad y el impacto de los datos aportados por los informantes.
Entre los casos más importantes aparecen detenciones de integrantes de organizaciones criminales y sospechosos vinculados a homicidios de fuerte repercusión pública.
El programa funciona bajo estricta reserva para proteger la identidad de quienes colaboran con la Justicia y las fuerzas de seguridad.
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Además del esquema de recompensas para prófugos, el Gobierno provincial trabaja en una reforma para habilitar programas propios orientados al desarme.
La iniciativa apunta a ofrecer compensaciones económicas a personas que entreguen armas de fuego, siempre que no estén vinculadas a homicidios u otras causas penales graves.
El proyecto forma parte de una estrategia más amplia de seguridad pública que también incluye unidades especiales de captura y coordinación entre distintas áreas judiciales y policiales.
Cómo funciona el sistema de recompensas
Las personas que tengan información relevante sobre delitos graves pueden comunicarse con el Ministerio Público de la Acusación mediante canales oficiales. Luego, la Justicia evalúa el aporte realizado y determina si corresponde el pago de una recompensa.
El monto puede variar según la importancia de los datos suministrados y también dividirse entre distintos colaboradores.
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