Cada vez más familias santafesinas recurren al crédito no para financiar proyectos o realizar compras importantes, sino para cubrir gastos básicos como alimentos, servicios y alquileres. Frente a este escenario, la diputada provincial Gisel Mahmud (PS-Unidos) presentó un proyecto de ley que busca crear herramientas para prevenir el sobreendeudamiento y brindar una alternativa a quienes acumulan múltiples obligaciones.
La iniciativa propone un Código de Protección de Consumidores y Usuarios que incorpora la creación de un Servicio Extrajudicial de Saneamiento de Deudas, un mecanismo que permitiría reunir en un mismo proceso las distintas deudas de una persona o familia, convocar a los acreedores y establecer un plan de pago posible de cumplir.
“Hoy una persona puede deberle al banco, a la tarjeta, a una empresa de servicios, a una prepaga y a distintos comercios al mismo tiempo. Tiene que negociar por separado con cada uno y eso muchas veces genera más intereses y nuevas refinanciaciones”, explicó Mahmud.
“El crédito dejó de ser una herramienta para progresar”
La legisladora sostuvo que el aumento del endeudamiento familiar refleja una problemática económica más profunda. “El crédito ya no es para progresar, es para sobrevivir”, afirmó.
Según datos del Monitor de Consumo del Centro de Estudios DEMOS, cuatro de cada diez santafesinos tienen préstamos personales o saldos financiados en tarjetas de crédito, una situación que, de acuerdo con Mahmud, muestra un cambio en el uso del financiamiento.
“El crédito dejó de ser una herramienta destinada a construir patrimonio o ampliar posibilidades y empezó a utilizarse para cubrir la diferencia entre los ingresos y los gastos indispensables”, señaló.
La diputada advirtió que muchas familias terminan ingresando en un “espiral de supervivencia” donde una deuda lleva a otra. “No se trata solamente de un problema financiero, sino de una expresión de la crisis económica que atraviesan muchos hogares”, agregó.
Prevención, información clara y responsabilidad de las empresas
Además de la reorganización de deudas, el proyecto plantea medidas para evitar nuevos casos de sobreendeudamiento. Entre ellas, establece que las entidades financieras y empresas deberán brindar información clara sobre el costo total de los créditos, intereses, comisiones, cantidad de cuotas y consecuencias ante una eventual mora.
Mahmud también propuso que las empresas evalúen la capacidad real de pago de quienes solicitan un préstamo antes de otorgarlo, para evitar créditos que resulten imposibles de sostener.
“No se trata de impedir que una persona acceda al crédito. Se trata de que no se ofrezcan préstamos sin analizar si quien los recibe podrá devolverlos sin dejar de comprar alimentos, pagar servicios o cubrir necesidades básicas”, sostuvo.
La diputada remarcó además la necesidad de fortalecer la educación financiera, aunque aclaró que la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre los consumidores. “Necesitamos educación y prevención, pero también controles, reglas claras y un Estado que acompañe a las familias”, concluyó.
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