El próximo 6 de agosto, el Senado de la Nación tratará el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que propone modificar el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales y que volvió a poner en discusión el alcance de la participación extranjera en el territorio argentino.
En la antesala del debate legislativo, un informe elaborado por el Observatorio de Tierras, dependiente del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (PRIHA) de la Universidad de Buenos Aires, analizó la situación en todo el país y mostró cuál es el escenario en la provincia de Santa Fe.
Santa Fe, por debajo del promedio nacional
De acuerdo con el relevamiento, el 1,71% de la superficie de Santa Fe se encuentra en manos de propietarios extranjeros, una proporción inferior al promedio nacional.
Sin embargo, el estudio señala que esa presencia no está distribuida de manera uniforme, sino que presenta una marcada concentración territorial. El departamento Garay concentra la mayor parte de esas tierras, especialmente en sectores de la costa santafesina.
A nivel nacional, el Observatorio indicó que cerca del 5% del territorio argentino, equivalente a más de 13 millones de hectáreas, pertenece a titulares extranjeros. Según el informe, aproximadamente la mitad de esa superficie corresponde a propietarios provenientes de Estados Unidos, Italia y España.
Qué propone el proyecto
La iniciativa que será debatida en la Cámara Alta plantea modificaciones a la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad Rural.
Entre los principales cambios, propone flexibilizar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de personas o empresas extranjeras, eliminando límites como el porcentaje máximo permitido para una misma nacionalidad y las restricciones sobre la cantidad de hectáreas que puede concentrar un mismo titular en determinadas zonas.
La discusión gira en torno al alcance de esas modificaciones y al papel que deberá mantener el Estado en la regulación del mercado de tierras rurales.
Las advertencias del Observatorio
Los investigadores del Observatorio de Tierras sostienen que la propuesta implica un cambio profundo en la política de administración del suelo rural y expresaron preocupación por sus posibles consecuencias.
Según el informe, una flexibilización del régimen podría favorecer una mayor concentración de tierras, incrementar la presión sobre el mercado inmobiliario rural y dificultar el acceso para productores locales.
Además, advirtieron que el nuevo esquema podría generar conflictos vinculados al acceso a recursos estratégicos como ríos, lagunas, nacientes de agua y caminos rurales.
Un debate con impacto nacional
El tratamiento previsto para el 6 de agosto anticipa una fuerte discusión entre los distintos bloques del Senado, ya que el proyecto involucra aspectos vinculados con la propiedad privada, la inversión, el desarrollo productivo y la regulación estatal sobre el territorio.
Mientras algunos sectores sostienen que la reforma facilitará inversiones y brindará mayor seguridad jurídica, otros advierten que podría modificar el equilibrio alcanzado por la legislación vigente respecto del control sobre las tierras rurales y los recursos naturales.
Autor
