La diputada provincial Gisel Mahmud participó este martes del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se debate el endeudamiento y el crecimiento de la morosidad de los argentinos. Presentó el diagnóstico de la situación en Santa Fe y propuestas concretas para ayudar a las familias en línea con los proyectos que impulsa en la Legislatura Santafesina.
Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación abrieron este martes una serie de reuniones para abordar el endeudamiento y la morosidad de las familias argentinas. Los diputados nacionales santafesinos Pablo Farias y Esteban Paulón, autores de diversas iniciativas vinculadas con la problemática, participaron del espacio. En total, son cerca de 50 iniciativas presentadas por distintos bloques, a partir de las cuales intentan construir un consenso.
El trabajo parlamentario incluyó la exposición de invitados y expertos representantes de diferentes organismos e instituciones tales como: la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), entre otros. En ese marco, la diputada provincial Gisel Mahmud llevó al debate la experiencia de Santa Fe y una propuesta que busca intervenir sobre un fenómeno que, advirtió, “dejó de ser un problema individual y entre privados para convertirse en una cuestión social, económica y jurídica que afecta a todo el país”.
La diputada socialista impulsa en la Legislatura de la Provincia el tratamiento de un Código de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias, que incluye un capítulo pionero dedicado a la tutela frente al sobreendeudamiento y un sistema extrajudicial de saneamiento de deudas para que las familias santafesinas puedan renegociar todas sus deudas juntas, con el debido asesoramiento, y evitar así el aumento de los intereses abusivos que impiden salir del círculo y promover planes de pago razonables.
La legisladora explicó que “con las exposiciones de todos los invitados quedó en claro que el sobreendeudamiento de los hogares ya no es un problema privado y que, si alcanzó esta magnitud, es producto de los bajos salarios, la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos, la toma de crédito como única manera de llegar a fin de mes, la desregulación del mercado financiero y las tasas abusivas de quienes prestan dinero”. Y agregó que “en Santa Fe observamos cómo el crédito dejó de ser una escalera para el progreso y se transformó en un salvavidas de la cotidiana”.
Números claros
Algunas de las cifras presentadas por Mahmud ante los diputados nacionales muestran la dimensión del problema.
La legisladora hizo mención a un estudio de Agosto de 2026, realizado por una consultora, que reveló que el 52% de las personas consultadas tienen deudas; más del 30% dice estar endeudado para afrontar gastos cotidianos y llegar a fin de mes, mientras que el otro 20% lo hizo para pagar otras deudas. “Esto nos muestra algo que debe quedar muy claro: los santafesinos no se endeudaron para comprar televisores para ver el mundial como afirmó el presidente Javier Milei”.
Por otra parte, el Informe de la Fundación Demos, muestra que en apenas 15 meses, la morosidad bancaria pasó del 2,5% al 11,5%. Y entre los proveedores no financieros -fintech, billeteras virtuales, tarjetas de supermercados y mutuales- alcanzó el 32,2%.
La presión ya se refleja en las oficinas públicas, donde los santafesinos demandan ayuda del estado. Entre enero y julio de este año ingresaron 7.465 denuncias a defensa del consumidor y una de cada cuatro estuvo vinculada a servicios financieros. En Rosario, además, los pedidos de asesoramiento por sobreendeudamiento representaron el 25,6% sólo en el primer bimestre de 2026.
Una respuesta desde Santa Fe
La propuesta tiene como respaldo la nueva Constitución provincial, reformada en 2025, que incorporó expresamente la protección frente a prácticas abusivas y sobreendeudamiento.
El proyecto plantea la obligación de “Préstamo Responsable”: los bancos y entidades no bancarias deberian evaluar la capacidad real de devolución de quien solicita financiamiento, asesorarlo sobre las alternativas disponibles y determinar su solvencia sin descansar exclusivamente en algoritmos automatizados. Para los que prestan dinero sin evaluar la capacidad de pago los riesgos y costos financieros podrían ser soportados total o parcialmente. “No puede ser que los únicos que deban ser responsables sean los usuarios y no así los prestadores que se están abusando de esta situación y que en muchos casos cobran tasas usurarias” expresó la diputada.
Pero uno de los aspectos más novedosos del proyecto aparece cuando la deuda ya resulta imposible de afrontar. El Código propone crear un Servicio Extrajudicial de Saneamiento de deudas: un procedimiento gratuito que permita diagnosticar la situación económica completa de la persona y convocar a todos sus acreedores para renegociar, hacer quitas, eliminar intereses, y construir un plan afrontable por la gente.
“La idea es muy sencilla: que no dejemos solas a las familias y que la única alternativa no sea iniciar un juicio largo, costoso y muchas veces inaccesible”, explicó Mahmud.
De Santa Fe al debate nacional
Ante los miembros de ambas comisiones, la legisladora santafesina planteó que la magnitud del fenómeno requiere articular respuestas municipales, provinciales y nacionales. “El problema del sobreendeudamiento no reconoce fronteras institucionales”, afirmó.
“Santa Fe, como otras provincias, implementó el Plan de Protección de Ingresos, que permite refinanciar deudas y establece un límite del 25% de los haberes para las deducciones. Más de 18.500 santafesinos adhirieron al programa en apenas cuatro meses. Pero necesitamos que el congreso y el poder ejecutivo nacional aborden las cuestiones de fondo y construyan respuestas para todo nuestro país.”
Y cerró con una definición que sintetiza el planteo llevado desde Santa Fe al Congreso: “Si el crédito se convirtió en una herramienta para sobrevivir, el Estado debe establecer reglas claras y mayores controles para que deje de ser una trampa y vuelva a ser una herramienta para proyectar”.
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