Una auditoría sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los registros de deuda exigible informados por dos áreas del organismo.
El relevamiento tomó como fecha de corte el 21 de agosto de 2025, cuando finalizó la gestión de Diego Spagnuolo al frente de la agencia. El análisis incluyó deudas, pagos a proveedores de medicamentos e insumos, contratos, cajas chicas, equipamiento y otros aspectos administrativos.
Una diferencia entre dos áreas de la Andis
Los auditores compararon los datos aportados por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS).
La segunda dependencia informó un nivel de deuda superior al registrado por el área contable. Esa diferencia alcanzó los $158.717 millones, según el informe.
La documentación también señala que algunos importes podían presentar variaciones debido a errores involuntarios en la carga realizada por prestadores.
También observaron pagos bajo la figura de legítimo abono
El informe puso además el foco en la utilización de la figura de legítimo abono, un mecanismo utilizado para cancelar bienes o servicios que ya habían sido entregados sin completar previamente los procedimientos ordinarios de contratación.
La auditoría registró $2.124.634.499,75 vinculados con esa modalidad y señaló que, hasta la fecha de corte, continuaba su utilización. También indicó que solo se habían iniciado seis procedimientos de compra relacionados con esos servicios.
Casi $480.000 millones en pagos a prestadores
Otro de los datos incluidos en el relevamiento corresponde a los pagos realizados a prestadores de medicamentos e insumos.
Entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, esos proveedores recibieron aproximadamente $479.504 millones, de acuerdo con la información analizada por los auditores.
La diferencia detectada entre las dos áreas administrativas quedó incorporada al relevamiento sobre el funcionamiento de la ex Andis y sus mecanismos de registración y contratación.
La investigación judicial continúa
En paralelo al informe administrativo, la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud también aparece mencionada en una investigación judicial que analiza presuntas irregularidades vinculadas con compras de medicamentos e insumos.
La existencia de una diferencia contable o administrativa detectada por una auditoría no implica, por sí misma, que se haya cometido un delito. Las eventuales responsabilidades deberán determinarse en las investigaciones correspondientes.
La causa judicial y las medidas sobre la gestión de la ex Andis continúan en trámite.
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