El ex ministro de Seguridad Marcelo Sain fue imputado como jefe de una asociación ilícita, conformada “de manera estable y permanente” con el objeto de “cometer diversos delitos” contra el Estado, particulares y organizaciones; fundamentalmente a partir de la recopilación de información sobre ellas sin orden judicial, y su utilización con fines indebidos.
La imputación también contiene la violación de la ley nacional 25520, de espionaje.
Los fiscales de Delitos Complejos en un extenso escrito de 65 páginas, desarrollan cada uno de los delitos, entre los que se les atribuyeron la persecución ilegal de políticos, empresarios y abogados para influir en la vida institucional. Dinero de por medio y DDHH en juego, parte de una causa sin antecedentes.
Marcelo Sain es imputado como jefe de la asociación ilícita, abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a la ley, violación de secretos, encubrimiento calificado, malversación de caudales públicos. Y los demás imputados por algunos de esos mismos conceptos, en grados variables.
Según los fiscales, “la organización criminal poseía estructura piramidal y era encabezada por Marcelo Sain -en carácter de Jefe-, seguido por Nadia Schujman -en carácter de organizadora en el Ministerio de Seguridad- y Débora Cotichini -como organizadora en el Organismo de Investigaciones”.
Relataron que “se utilizó para fines ajenos a la prevención en seguridad y la investigación penal (ya sea para fines políticos partidarios, para hostigar o intimidar a rivales políticos o funcionarios, empresarios y profesionales con los que disentía públicamente, etc.) la información personal cuya obtención ilegal ordenó”.
También que “utilizó con los mismos fines información obtenida en el marco de investigaciones penales violando el deber de reserva”.
Quienes fueron imputados son Marcelo Sain (Ministro de Seguridad y Director del Organismo de Investigaciones), Esteban Germán Montenegro (Secretario de Seguridad Pública), Nadia Schujman (Asistente del Ministerio de Seguridad con funciones en la Secretaría de Control Institucional), Diego Alfredo Rodríguez (Subsecretario de Control Institucional), Pablo Álvarez (Subsecretario de Investigación Criminal) y Débora Cotichini (Jefa de Inteligencia Sur del Organismo de Investigaciones).
También formularon cargos a Milagros Bernard (Contratada por la Subsecretaría de Control Institucional) y María Agustina Moulins (Contratada en la Subsecretaría de Investigación Criminal).
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