La visita del papa León XIV y los mensajes que está transmitiendo en la Argentina tienen una dimensión que va mucho más allá de una discusión coyuntural con el Gobierno de Javier Milei.
Lo que el Sumo Pontífice está difundiendo es la Doctrina Social de la Iglesia, un pensamiento que se viene construyendo desde fines del siglo XIX, que tuvo un desarrollo muy importante durante el siglo XX y que fue actualizado en este siglo por Francisco y ahora por León XIV.
Me parece importante detenerme en esto porque hay interpretaciones que presentan sus mensajes como si fueran una respuesta dirigida especialmente al Presidente argentino. Y no es así. Si gobernara otro presidente, de otro signo político, el contenido de la Doctrina Social de la Iglesia sería el mismo.
Para entenderla hay que partir de tres conceptos fundamentales.
El primero es que no es socialismo. La Iglesia se distancia del socialismo y del comunismo. El segundo es que tampoco es liberalismo, aunque reconoce y defiende la propiedad privada, la renta, la ganancia empresarial y la competencia. No está en contra de esos principios.
El tercer concepto es probablemente el más importante: todos esos elementos deben tener una función social. La propiedad privada, la actividad empresarial y la competencia no pueden quedar separadas de la responsabilidad que tienen frente al conjunto de la sociedad.
Y ahí aparece la justicia social.
La justicia social y las responsabilidades del Estado
Este es el punto en el que la Doctrina Social de la Iglesia entra en tensión con la mirada económica de Javier Milei. El Presidente manifestó en reiteradas oportunidades su rechazo a la justicia social, a la que considera un concepto inventado. Entiendo que buena parte de esa confrontación también está relacionada con su disputa política con el peronismo, pero el debate excede ampliamente esa discusión.
La justicia social que plantea la Iglesia tiene consecuencias concretas. Significa que el Estado no puede abandonar la educación pública, la salud pública ni a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
No se trata de negar la importancia del mercado, de la iniciativa privada o de la rentabilidad de las empresas. Se trata de entender que la economía también tiene que responder a necesidades sociales y que el desarrollo no puede dejar afuera a quienes tienen menos oportunidades.
En ese sentido, me parece especialmente significativo el mensaje que dejó la visita al Cotolengo Don Orione. Cuando uno se pregunta dónde están las personas más perjudicadas y menos favorecidas de una comunidad, la respuesta está ahí. Y es justamente ahí donde también tiene que estar la Argentina, con sus instituciones y con el Estado.
Lo mismo vale para la educación pública y las políticas de discapacidad. Si de esta visita podemos sacar en limpio que no hay que volver a discutir permanentemente el funcionamiento de las universidades públicas ni la necesidad de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, habremos avanzado en una discusión importante.
Hay otro desafío que no podemos dejar de lado: el trabajo y el impacto de la inteligencia artificial. La transformación tecnológica obliga a pensar qué va a pasar con el empleo y con quienes pueden quedar en una posición de mayor vulnerabilidad frente a esos cambios. La preocupación por los más desfavorecidos también tiene que contemplar estas nuevas realidades.
Un mensaje que interpela a todos los sectores políticos
Ahora bien, también hay algo que me parece importante aclarar. No se puede utilizar la Doctrina Social de la Iglesia como una bandera exclusiva de la oposición ni suponer que cualquier propuesta económica que se presente en su nombre es necesariamente favorable a la sociedad.
Tampoco es cierto que poner la economía al servicio de la gente signifique tener una inflación del 200%. No hay nada más perjudicial para las familias que la inflación, porque destruye el poder adquisitivo y dificulta la posibilidad de organizar la vida cotidiana. Ese también es un mensaje que vale para todos los sectores políticos.
La Doctrina Social de la Iglesia tiene una particularidad: establece metas, principios y un horizonte hacia dónde debería ir una sociedad, pero no determina una única fórmula económica para alcanzarlos. No presenta un programa de gobierno ni una receta sobre cómo administrar los recursos públicos.
Esa responsabilidad corresponde a los gobernantes. Son ellos quienes deben encontrar los mecanismos, las políticas y las herramientas para alcanzar esos objetivos.
Por eso creo que no hay que interpretar el mensaje de León XIV como una intervención coyuntural contra Milei ni como un respaldo a la oposición. Es una doctrina universal, construida a lo largo de más de un siglo, que puede ser discutida, evaluada y cuestionada, como cualquier pensamiento elaborado por seres humanos.
Pero eso no significa que debamos desconocer sus aportes. Hay principios de la Doctrina Social de la Iglesia que representan algunas de las reflexiones más importantes de la historia del pensamiento económico sobre la relación entre producción, propiedad, bienestar y responsabilidad social.
El desafío para la Argentina es entender que no estamos obligados a elegir entre una economía que funcione y una sociedad que proteja a quienes más lo necesitan. La actividad privada, la competencia y la rentabilidad empresarial pueden convivir con un Estado que garantice educación, salud y atención a los sectores vulnerables.
Ese es el norte que propone la Doctrina Social de la Iglesia. Después, cada gobierno tendrá que hacerse responsable de encontrar el camino para llegar.
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