A tres décadas del atentado que sacudió la localidad de Río Tercero, la provincia de Córdoba incorporará oficialmente el tema en los contenidos curriculares de todas las escuelas.
Desde 2026, estudiantes de todos los niveles y modalidades aprenderán sobre las explosiones ocurridas el 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar, que provocaron la muerte de siete personas y cientos de heridos.
El anuncio fue realizado por el intendente Marcos Ferrer, junto al rector organizador de la flamante Universidad Nacional de Río Tercero (UNRT) y Pablo Yannibelli.
La medida da cumplimiento a la ley provincial 11.003, aprobada meses atrás, que dispone la enseñanza y conmemoración anual del atentado.
“Es muy importante para nosotros porque quedará instaurado en todos los niveles educativos de nuestros niños”, destacó Ferrer.
Los contenidos pedagógicos que llegarán a las aulas fueron elaborados por la Cátedra Libre 3 de Noviembre en la UNRT.
Actividades de “reparación histórica”
La normativa también instituye el 3 de noviembre como el “Día de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero”.
Además, la ley prevé acciones concretas para garantizar la memoria y la educación sobre los hechos, y actividades curriculares en todas las escuelas.
El fin es promover la reflexión sobre el ‘Día de Conmemoración y homenaje a las víctimas del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero’ y su reparación histórica.
En tanto, el Artículo 4° dispone la difusión del ‘Día de Conmemoración y homenaje a las víctimas del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero’.
Allí tratarán de promover el recuerdo y la reflexión sobre el hecho, fomentando la memoria histórica y el respeto a las víctimas.
Las condenas
En 2013, Menem fue condenado a siete años de prisión por el tráfico irregular de armamentos, pero en 2018 los jueces dejaron vencer los plazos y el ex mandatario evitó la cárcel.
El ex presidente fue enviado a juicio en noviembre de 2020 acusado de estrago doloso agravado por las explosiones en Río Tercero, pero falleció tres meses después, en febrero de 2021.
En diciembre de 2014 –a 19 años del atentado- la Justicia determinó que las explosiones habían sido intencionales y condenó a cuatro acusados, todos ellos militares retirados e ingenieros, por estrago doloso seguido de muerte.
Recién en abril de 2025, 30 años después, el Estado nacional acató una orden judicial y comenzó a pagar las indemnizaciones.
Los damnificados por daño moral y emergente son unos 8 mil.
El pago se realiza en bonos y la indemnización reclamada es de aproximadamente 8 millones de pesos.
