El Gobierno nacional busca habilitar la explotación minera en áreas cercanas a glaciares y ambientes periglaciares, que hoy tienen restricciones estrictas por su valor estratégico para el abastecimiento de agua.
Desde los sectores ambientalistas, señalan que la iniciativa implica un fuerte retroceso ambiental, abre la puerta a proyectos extractivos de alto impacto y pone en riesgo ecosistemas frágiles que cumplen un rol clave en la regulación hídrica.
La tensión escala porque los glaciares -grandes y pequeños- alimentan cuencas que abastecen a millones de personas, y su degradación sería irreversible.
¿Qué propone Milei?
Las modificaciones que propone el oficialismo apuntan a reducir las zonas protegidas para habilitar nuevas actividades económicas. La propuesta incluye restringir la definición de ambiente periglacial -solo quedarían protegidas ciertas formaciones activas que cumplan requisitos técnicos como tamaño mínimo, años de permanencia y función hídrica relevante- y exigir que estén incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares
El argumento oficial es que la normativa actual “bloquea inversiones millonarias” en cobre, litio y oro, y que la flexibilización podría generar miles de empleos.
Bajo el falso argumento de “mayor federalismo”, el Ejecutivo pretende que las provincias amplíen su capacidad de para decidir qué zonas pueden habilitarse para proyectos mineros o hidrocarburíferos, lo que abriría la puerta a una ampliación de inversiones y de infraestructura en zonas protegidas.
Por este motivo, las ONG ambientalistas advierten que los cambios recortan la protección de reservorios de agua clave, dejan afuera formaciones frágiles que hoy cumplen funciones hídricas esenciales y podrían habilitar impactos ambientales severos, desde contaminación hasta alteraciones definitivas en ecosistemas de montaña.
¿Qué cuida la Ley?
La Ley de Glaciares, vigente desde 2010 y ratificada por la Corte Suprema en 2019, establece los presupuestos mínimos para preservar los glaciares y el ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua para consumo humano, agricultura y recarga de cuencas.
La normativa declara a los glaciares bienes públicos e incluye también a los suelos congelados y áreas con hielo que actúan como reguladores del recurso hídrico.
Además, ordena elaborar y actualizar cada cinco años el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA, para identificar y monitorear todas las geoformas con función de reserva hídrica.
Dentro de su puntos principales, la ley prohíbe actividades que puedan afectar su condición natural, como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras que no sean de investigación o prevención de riesgos, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias en los glaciares y el ambiente periglacial. También exige evaluaciones de impacto ambiental, participación ciudadana y establece sanciones para garantizar la protección de estos ecosistemas.
