En la madrugada del martes 21 de octubre, Rosa Gabriela Villagra, de 45 años, fue asesinada por su ex pareja en su vivienda del barrio Loyola, al norte de la ciudad.
El agresor, identificado como Sebastián Flores, irrumpió en la casa de Rosa a pesar de la existencia de una denuncia previa y una medida de restricción, lo que pone en evidencia las falencias en la implementación y seguimiento de las medidas de protección hacias las mujeres.
Este caso se suma a una serie de hechos de violencia de género que sacudieron a la provincia en los últimos días, con denuncias y medidas restictivas previas.
¿Cómo responde el Estado?
En diálogo con la Nueva Nueve, la diputada provincial por el bloque Somos Vida Y libertad, Alicia Azanza, remarcó la necesidad de reforzar la protección de las mujeres.
“La víctima es la que sufre constantemente, va a la policía, denuncia y aun así corre peligro. El agresor debe ser quien reciba las consecuencias”, afirmó.
En esta línea, la legisladora provincial cuestionó la eficacia de los dispositivos de control, como el botón de pánico y la tobillera electrónica, y denunció que las medidas de restricción se incumplen con facilidad.
“Muchas mujeres viven con el miedo incorporado, saben que si denuncian, podrían ser asesinadas. La prioridad debe ser protegerlas”, agregó.
Azanza, sostuvo que la violencia de género representa una problemática estructural: “Nadie nace violento, la violencia está en cómo se educa al hombre. La prevención requiere educación desde la infancia, policía especializada y servicios sociales preparados”, dijo.
Finalmente, insistió en que el Estado debe garantizar penas efectivas para los agresores y proteger a las víctimas: “Me importa más la vida de la víctima que los derechos del victimario”.
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