La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil abrió una nueva etapa en el debate sobre la aplicación de la Justicia penal a adolescentes desde los 14 años.
Luego del análisis que realizó la semana pasada, la abogada especialista en derecho penal Jaquelina Balangione volvió a abordar el tema en su columna semanal en Amanecer no es poco, esta vez a partir de dos fallos que cuestionaron la aplicación de la nueva normativa y de las condiciones con las que la provincia afronta su implementación.
En ese marco, Balangione puso el foco en la capacidad del sistema provincial para atender a una eventual mayor cantidad de adolescentes alcanzados por la Justicia penal. Según planteó, la ampliación no estaría acompañada por un crecimiento equivalente de los equipos profesionales y de los dispositivos necesarios para aplicar las medidas socioeducativas previstas.
Dos fallos que cuestionan la aplicación de la nueva ley
Balangione recordó que uno de los primeros casos que había analizado fue el de una jueza de Lomas de Zamora que cuestionó la aplicación de la nueva normativa por considerar que implicaba una regresividad en materia de derechos de niños y adolescentes. Esa resolución, explicó, posteriormente fue revocada por la Cámara.
A ese antecedente sumó un segundo fallo, dictado esta semana por otra magistrada de la provincia de Buenos Aires. Según relató, la jueza declaró inaplicable la nueva ley en el caso de un adolescente de 14 años acusado de una tentativa de robo.
De acuerdo con la descripción realizada por Balangione, el joven habría participado del hecho junto a otros adolescentes mayores de 16 años y llevaba una réplica de un arma. La magistrada consideró que la aplicación del nuevo régimen resultaba regresiva porque, apenas cinco días antes, el adolescente hubiera quedado dentro del sistema de protección y no del sistema penal.
“Pensemos 14 años, son chicos muy chicos, muy chicos”, planteó Balangione.
La abogada sostuvo que estos fallos permiten poner en discusión los efectos de la nueva normativa y su relación con los tratados internacionales de protección de los derechos de niños y adolescentes.
También volvió sobre uno de los argumentos utilizados para defender la reducción de la edad de punibilidad: la posibilidad de que adultos utilicen a menores que no son punibles para cometer delitos.
“Los que sostienen esto dicen ‘sí, porque los adultos utilizan a los chicos no punibles para cometer delitos’. Entonces el Estado, ¿qué hace para neutralizar eso? Criminaliza a los chicos”, cuestionó.
Para Balangione, la modificación no se limita a bajar de 16 a 14 años la edad a partir de la cual puede intervenir la Justicia penal, sino que también amplía el alcance del sistema al contemplar distintos tipos de delitos.
En ese sentido, señaló que los adolescentes pueden quedar involucrados en investigaciones por hechos de características muy diferentes y advirtió que la ampliación puede tener un impacto particularmente fuerte sobre los sectores más vulnerables.
“Ladrillos hay, lo que no hay son recursos humanos”
Al trasladar la discusión al escenario santafesino, Balangione tomó como referencia el informe del Ministerio Público de la Acusación correspondiente a 2025.
Según los datos que mencionó durante la entrevista, en ese período había 104 adolescentes privados de su libertad y otros 48 bajo prisión domiciliaria. En total, eran 150 jóvenes bajo distintas modalidades vinculadas al sistema penal juvenil.
Para la especialista, esa cifra permite dimensionar el punto de partida del sistema provincial frente a la ampliación de la población que puede quedar alcanzada por la Justicia penal.
“Se espera que de acá a seis meses, cuando pasen por los procesos, haya muchos más chicos en situación de prisionización o en su casa con la tobillera o dentro de lo que es el sistema de protección de menores para los delitos más leves”, sostuvo.
En ese escenario, cuestionó que la provincia cuente con los mismos equipos profesionales que antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen.
Balangione mencionó especialmente la necesidad de contar con equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, terapistas ocupacionales y otros profesionales que permitan desarrollar los abordajes socioeducativos previstos para adolescentes.
“Está todo igual que antes”, afirmó, antes de resumir su planteo con una frase: “Ladrillos hay, lo que no hay son recursos humanos”, remarcó.
Además, puso en discusión la capacidad de los dispositivos existentes. En este sentido, señaló que el pabellón juvenil de Las Flores se encuentra junto a la cárcel de adultos y recordó que, de acuerdo con el nuevo esquema, los adolescentes que cumplen 18 años durante el cumplimiento de una pena pasan al sector destinado a mayores.
También se refirió al dispositivo que funciona en Rosario y que anteriormente era conocido como IRAR, cuya denominación fue modificada, y mencionó la existencia de un espacio destinado a adolescentes mujeres.
“Todo lo que se postula y que se habla de la justicia restaurativa, está todo en la letra, pero no está en la realidad de lo que se aplica y de las instituciones e institutos que realmente tenemos y personal, recursos humanos que tenemos para aplicar esto como debe ser”, sostuvo.
Pocos dispositivos para los delitos menos graves
Otro de los puntos que cuestionó Balangione es la disponibilidad de dispositivos de puertas abiertas para los adolescentes involucrados en delitos de menor gravedad.
Según explicó, existen espacios en distintas localidades de la provincia, pero consideró que son insuficientes tanto por cantidad como por capacidad.
“Contamos con los mismos lugares que había hace 20 años atrás”, afirmó, y mencionó dispositivos ubicados en Rafaela, Venado Tuerto y Coronda, entre otras localidades.
Estos espacios tienen, según explicó, un funcionamiento diferente al de los establecimientos de privación de libertad y permiten que los adolescentes puedan desarrollar actividades como asistir a la escuela.
Para Balangione, el problema está en que la ampliación de la intervención penal requiere también una estructura capaz de sostener las distintas alternativas previstas por la normativa.
“Donde más va a repercutir es en los chicos más pobres”
La abogada también puso el foco en el perfil de los adolescentes que históricamente llegan al sistema penal y sostuvo que la intervención de la Justicia suele concentrarse en sectores con mayores niveles de vulnerabilidad económica y social.
En ese sentido, mencionó dificultades de acceso a la salud, la educación, la alimentación y el trabajo, además de situaciones de consumos problemáticos.
“Sobre quiénes recae el sistema penal en general? Sobre los sectores de menos recursos económicos de la población”, planteó.
A la vez, aclaró que la nueva normativa alcanza a adolescentes de distintos sectores sociales, ya que la ampliación de los delitos comprendidos puede involucrar también situaciones que ocurren en otros ámbitos.
“Todo lo que se exponen, por ejemplo, a la salida del boliche cuando se pegan, todo que son los chicos que también están en el ambiente del rugby, de acá, de allá, también quedan abarcados por esto”, señaló.
Sin embargo, sostuvo que el impacto será mayor entre los adolescentes que ya se encuentran atravesados por situaciones de vulnerabilidad.
“Que no sea el primer contacto con el Estado una cárcel”
Hacia el final de su columna, Balangione planteó una de las principales preocupaciones que atraviesan su análisis: la existencia de adolescentes que tuvieron una intervención estatal previa como víctimas de vulneraciones de derechos y que posteriormente ingresan al sistema penal.
“Son todos chicos que tienen una doble vía de intervención en la Justicia: como víctimas de abuso de derechos, por ejemplo de abuso sexual infantil, o estado de situación de abandono de los padres, chicos de la calle que no tienen familia, que no tienen hogar”, explicó.
Según describió, algunos de esos mismos adolescentes terminan ingresando posteriormente al sistema penal por delitos cometidos en contextos de vulnerabilidad.
Para Balangione, esa situación debería llevar a discutir las causas que atraviesan a esos jóvenes y no solamente las respuestas posteriores frente al delito.
“Un Estado adulto que teóricamente existe para organizar la sociedad, para que haya una vida en paz, busca solucionar ese problema penalizando, criminalizando a esos chicos”, cuestionó.
Y agregó: “La solución que hay que darles es atacando las causas de esos pibes”.
En ese sentido, planteó la necesidad de garantizar el acceso a la educación, la salud y una inserción efectiva en la vida ciudadana antes de que la respuesta estatal llegue a través del sistema penal.
“Que no sea el primer contacto con el Estado una cárcel”, concluyó.
Balangione adelantó que continuará abordando el tema en sus próximas columnas y que buscará profundizar en las historias de adolescentes que atraviesan tanto el sistema de protección como la Justicia penal.
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